Derecho y Economía: La ley como límite y garantía del mercado

No hay plata. No, no estoy hablando del spot oficialista. Hablo de lo que contestaron muchas veces padres argentinos a sus hijos cuando el abrigo en invierno falta y el hambre a la noche abunda. Hace décadas que "no hay plata". Pero ¿por qué? No pareciera que nada nos falta con la capacidad agrícola y ganadera que el país posee; los viñedos mendocinos que exportan; la producción de yerba mate en el Litoral; la explotación de recursos petroleros en Vaca Muerta o de litio en el norte. El problema no reside en qué nos falta, sino qué es lo que tenemos: millones de trabajadores que se esfuerzan día a día y miles de políticos que solo se esfuerzan de elección a elección.

La intervención estatal en la economía pareciera haber crecido a números exponenciales, al igual que la cantidad de funcionarios públicos ineficientes. El Estado se convirtió en una máquina de clientelismo y populismo económico usado por los políticos para proteger sus intereses particulares. A medida que el modelo clientelar crece, se seguirá desarrollando un Estado sobredimensionado que sólo se solventará con emisión monetaria sin respaldo, aumentos arbitrarios de impuestos o deuda que sobrevivirá duramente a sus plazos de vencimiento; porque es la única forma de financiar un organismo que no controla los fondos que dispone y su límite fiscal.

La peor de las consecuencias no es la hiperinflación o los controles de precios —que son de por sí graves—, sino el hartazgo social acompañado de descreimiento de la política. De esto último es con lo que el Dr. Javier Milei llega a la presidencia de la Nación, bajo el slogan outsider de "la motosierra" que acorta gastos ineficientes y reduce presiones tributarias en varios sectores. Si bien todo apuntaría a una mejora del sistema y datos que favorecen al crecimiento, hay elementos que apartan la dirección que el país necesita para alcanzar un progreso estable y la libertad económica. En primer lugar, Milei no es liberal —en cualquier caso será libertario—, él se identifica abiertamente anarcocapitalista; es importante la conceptualización porque recae en diferenciar su postura de abolir el Estado con la de pensadores liberales clásicos del siglo XIX y XX que conciben el Estado como garante de la ley y todas las libertades.

El ensayo que comparto busca repensar la institución del Estado, desde el desafío que lo habita quienes lo usaron como tesoro político y quienes quieren eliminarlo; la reconstrucción socio-económica de Argentina comienza desde la reconstrucción de sus instituciones. El Derecho y la Economía, desentendidos, nunca podrán garantizar un orden entre Estado y Mercado, sea el primero tan presente como mínimo, o el último tan libre como regulado.

Antes que todo, un Estado de derecho donde el individuo ve monopolizada la violencia legítimamente no es sólo producto de reconocer dicho poder para protección del bien común; sino también para salvaguardar al sujeto de derecho que es —que somos— cada uno desde el principio al fin de nuestra vida. Aquello se inicia reconociendo en nosotros la posesión de derechos y obligaciones, que constituyen en suma, nuestra libertad de ser y hacer. El pensador inglés, John Locke (1632-1704) análogamente sostuvo:

"[...] la finalidad de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y aumentar nuestra libertad". (Locke, 2004, p. 79)

Si un Estado, en posicionamiento de garante legal, se limita a acciones mínimas de preservación y ampliación de la libertad realmente no está preservando ni ampliando nada, solo le jura custodia. Explicarlo fundamenta la postura que posteriormente Friedrich Hayek (1899-1992), pensador liberal de la tradición clásica y del cual el presidente retoma, dice lo siguiente de un Estado cuyas funciones quedan relegadas a asuntos mínimos:

"[...] el lector podría erróneamente sacar la impresión de que el hacer respetar las leyes y la defensa contra los enemigos externos son sus únicas funciones legítimas [...] sin embargo, no se aplican a las sociedades occidentales avanzadas, y no tienen nada que ver con el fin de asegurar a todos la libertad individual [...]". (Hayek, 2006, p. 409)

Limitarnos en esos aspectos refleja situaciones que Argentina estuvo experimentando. El ministro de defensa, Luis Petri, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, brillan en su administración por el mostrado rol que desempeñan desde el aparato coercitivo. Pero desde esta mirada reduccionista no se proyecta la preservación completa de todas las libertades individuales; las funciones represivas, por sí solas, lo cumplen de una manera parcial, ya que se ignora el papel de la estructura que limite el poder y no solo le permita ser impuesto.

¿Es importante, entonces, que el Estado argentino no simplifique su labor en Seguridad y Defensa? Por supuesto; no basta con policías ni aviones nuevos, se requiere de las instituciones. De otro modo, un severo desarme institucional deslegitimaría al Estado de derecho, dificultando mantener una estabilidad que haga previsible la economía; es decir, nos trasladamos de una economía intervenida a una desprotegida, y en una sociedad donde prima ese modelo reina la inseguridad jurídica. El sociólogo José Simonetti nos recuerda:

"[...] la necesidad de reflexionar con más detenimiento sobre los indefectibles vínculos entre Estado y Mercado, [...] y considerar qué pasa entre ellos cuando se hace presente el delito; nos indica que un Estado débil sólo puede afluir en una sociedad sin ley". (Simonetti, 2002, p. 47)

Y la convivencia con un Estado débil o ausente no es sinónimo de un Estado con intervención mínima, es un verdadero viaje a la deriva; implica retirar del espacio jurídico visible la garantía de que todo acto público se efectúe desde la legalidad. ¿Qué pretendo decir? Que se despliega vía libre a la corrupción, al igual que en un Estado sobredimensionado. Si Cristina Fernández de Kirchner ya se encuentra condenada por administración fraudulenta; Alberto Fernández  acusado de irregularidades en contratos a seguros estatales; y Mauricio Macri investigado en causas de cuando era empresario y luego presidente, todo en un Estado fuerte, ¿qué nos podría esperar de un Estado desaparecido, donde la Justicia no solo actúa desigual para todos sino, además, con indiferencia? Insinuar que el oficialismo sea corrupto es grave, pero deja la base lista para pensarlo y que dicho mecanismo se desarrolle.

Veamos como ejemplo la 'mano invisible' del Mercado —metáfora de Adam Smith—, producto de un orden espontáneo como lo engloba Hayek, nace autogestionado de la interacción entre particulares, carente de un plan centralizado que haya tenido control sobre él. Sin embargo los individuos que la coordinan libremente no poseen capacidad de autorregularse. En tanto, este exceso desemboca en monopolios y desigualdades arbitrarias; no tienen forma de corregirlo por sí mismos a resultados colectivos más estables. Parafraseando una idea hobbesiana: nada se modifica por sí solo. Y es ahí que, para revertir ese verdadero estado de naturaleza económico, un aparato de garantías se hace con fuerzas: el Estado.

Retomo a Simonetti (2002, p. 24) en que:
"La 'mano invisible' del mercado se asienta en procesos de cooperación, que sólo son posibles en el contexto de una interacción institucional repetida a lo largo del tiempo y se funda en el ejercicio y el respeto por la legalidad. En ausencia de normas que regulen la vida social sólo hay lugar para la violencia o el fraude".

Este concepto desde un marco legal no es novedoso, ya lo explicaba tiempo atrás Juan Bautista Alberdi (1810-1884), en "Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina" (1854). Alberdi, defensor de la omnipotencia del trabajo libre de Adam Smith, sostuvo a su vez que ningún mercado se alzaría por arriba de la ley, y que todo accionar económico proveniente del primero esté subordinado a la Constitución, no como entrometimiento, sino para que la estructura legal haga legítimo su ejercicio. Justamente en este encuentro el Estado, no como obstáculo, asegura que el país tenga libertad de comercio, libertad de asociación y libertad individual con las condiciones que la "mano invisible" por sí sola no cuenta; la ley no les hace sombra.

Además de no poder ser autorregulado, otro punto que el mercado no puede lograr adecuadamente independiente al Estado es el carácter de "república", como concepto clásico de "cosa pública"; puesto que sus principios nunca podrían derivar en intereses particulares por encima y en perjuicio del bien común. Hayek (2006, p. 422) comprendía que ciertos servicios no podría prestarlos ningún orden espontáneo como en el caso del mercado, o difícilmente lo haría, por ello acepta lo siguiente:

"[...] una sociedad que haya alcanzado cierto grado de bienestar puede permitirse ayudar.
Asegurar a todos una renta mínima, o un nivel por debajo del cual nadie descienda cuando no puede proveer por sí solo, no sólo es una protección absolutamente legítima contra riesgos comunes a todos, sino una tarea necesaria [...]".

Lejos de ser la mano del Estado una caja de caridad, es protectora del individuo invalidado de alguna manera para valerse por su cuenta. No es un privilegio, es un principio de igualdad; determinando una justicia material es que llega la libertad real de una sociedad. Mucho tiempo atrás, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) llegaría a aquella conclusión en "El contrato social" (1762) al poner como base que las libertades vienen luego de haber discutido sobre igualdad. Sin embargo, en Argentina, esta protección legítima se quiebra al hablar de "justicia social", discurso tergiversado para solo ser "injusticia clientelar" en que el Estado prevalece a través del orden social que reproduce. Acá se debilita la libertad e igualdad puesto que, atacar las desigualdades desde mecanismos desiguales, por más legitimidad haya, implica una distribución abundante de bienes finitos, sólo sostenible en perjuicio de otros. Intentar ejercer justicia suena absurdo.

Concluyentemente, la única justicia que debería efectuarse y regir sostén sobre una sociedad, sin participación estatal excesiva ni mercado liberado al caos, es la de una ley que garantice la libre competencia y sea lo suficientemente sólida como para que ningún interés particular se subordine a otro ni domine a nadie en la violencia, el fraude ni a favor de ningún monopolio.

"[...] el capitalismo sin ley equivale al crimen organizado [...] el capitalismo requiere la presencia de la ley para que las fuerzas del mercado actúen de acuerdo con los principios de la libre competencia [...] La consecuencia necesaria es que el mercado debe estar subordinado a las instituciones del Estado". (Simonetti, 2002, p. 98)

Nuestra relación con la política en una democracia moderna no es simple representación, es el acto de una sociedad buscando soluciones depositando confianza, esperanza y futuro. La política de recompensas ilimitadas a través del Estado inició el declive de esta institución, no lo sigamos ampliando.

Contrariamente a achicarlo hasta su inexistencia o agrandar el alcance del Estado, interesa pensar como un Estado necesario debe apelar como institución suprema de una nación,  no como entidad divina, sino como reguladora de todo aquello que atente contra esta y emplee resultados sobre el malestar de la comunidad. El Estado no es —y no debió ser nunca— un botín de políticos y empresarios; es el principal promotor de igualdad entre los argentinos y garante de que, por igualdad, nadie sea un medio económico para otro argentino. 

Porque "[...] hay libertad de mercado cuando la ley la garantiza" (Simonetti, 2002, p. 96) y al contrario “[...] si la ley no existe, tampoco hay libertad”. (Locke, 2004, p. 79)

Por ende sin Estado, con instituciones débiles y una Constitución que no se respeta, no hay quien defienda la libertad de cada ciudadano; una vez que el Estado de derecho disminuye en su accionar real, la economía tambalea, la inestabilidad asoma. Por creer que "liberarle la cancha" al mercado es ampliar la libertad solo dejamos libre terreno para que, como cité de Simonetti, el crimen organizado instruya desde el mercado y la economía, ambos desprotegidos y liberados.

Los gobiernos se acompañan, cuando ellos no lo hacen hay que hacérselos saber. Un profesional de la salud como los residentes del Hospital Garrahan; los estudiantes universitarios y sus docentes; jubilados y discapacitados no pueden esperar que el Estado cumpla su papel en la sociedad con tanta indiferencia; ningún orden espontáneo regulará un sistema que en nada involucra al mercado, puesto que la vida no es un negocio entre privados. Una persona, de los grupos que nombré, no solo queda desprotegida y expuesta ante perder su trabajo, salud o educación: está desprotegida y expuesta ante la muerte.

El único ser que debería esperar por tener libertad es el preso, no toda una Nación. Porque sino, en términos delegativos, Argentina en la última elección no se libró de nada, solo cambió de carcelero; y Argentina no solo nació libre de poderes extranjeros, también lo hizo de cualquier poder económico. 

BIBLIOGRAFÍA:

-Hayek, F. A. (2006) Derecho, legislación y libertad: Una nueva formulación de los principios liberales de la justicia y de la economía política (Vol. 2). Unión Editorial. (Obra original publicada en 1976)
-Locke, J. (2004). Segundo tratado sobre el gobierno civil: Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil (C. Mellizo, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1690)
-Simonetti, J. M. (2002) El fin de la inocencia: Ensayos sobre la corrupción y la ilegalidad del poder. Universidad Nacional de Quilmes Ediciones.