Retenciones sin control: ¿Dónde fueron a parar los 203.000 millones de dólares del campo?

Introducción

Desde 2002 al 2024 el Estado argentino ha recaudado 203.000 millones de dólares mediante los derechos de exportación, conocidos como retenciones agropecuarias. Originalmente planteadas como una medida transitoria y de emergencia para redistribuir ingresos y financiar políticas sociales, su permanencia durante más de dos décadas plantea una pregunta incómoda pero urgente: ¿a dónde fue a parar todo ese dinero?

Breve historia de las retenciones

Las retenciones reaparecieron en 2002, en el marco de la Ley de Emergencia Económica, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Según su ministro Jorge Remes Lenicov, se necesitaban fondos urgentes para evitar el colapso del Estado.

Durante el auge de los commodities (2003–2011), las retenciones pasaron de ser una medida de emergencia a una herramienta estructural de recaudación. En 2008, el intento de establecer retenciones móviles del 44 % a la soja desató el conflicto con el sector agropecuario, dejando en evidencia que estas no solo eran un instrumento fiscal, sino también político.

En 2018, el gobierno de Mauricio Macri reinstauró retenciones a todos los productos como una solución fiscal temporal. Más tarde, con el Frente de Todos, volvieron a subir. Hoy, en 2025, las retenciones siguen vigentes sin justificación coyuntural clara ni mecanismos de control adecuados sobre su destino.

El destino invisible: sin trazabilidad ni control

A diferencia de otros impuestos con afectación específica (como el impuesto al cheque, destinado en parte a ANSES), los fondos de las retenciones ingresan al Tesoro Nacional como renta general. Esto significa que pueden utilizarse para cualquier fin, sin estar obligados por ley a financiar sectores determinados como salud, educación o infraestructura rural.

No existen reportes públicos específicos, auditorías diferenciadas ni plataformas digitales que permitan a la ciudadanía rastrear el uso de estos fondos. La falta de trazabilidad abre la puerta a desvíos, sobreprecios, corrupción o simple mala administración. Diversos informes de la Auditoría General de la Nación han advertido sobre irregularidades en el manejo del gasto público, pero sin una relación directa demostrable con los fondos de retenciones debido a la opacidad del sistema.

¿Se resolvió la emergencia social?

Entre 2003 y 2011, gracias al contexto internacional favorable, se logró reducir la pobreza y aumentar el empleo. Sin embargo, desde 2012 la situación se deterioró nuevamente: la inflación aumentó, el déficit fiscal se agravó y la pobreza volvió a superar el 40 %.

En 2025, más de 18 millones de argentinos viven en la pobreza. La emergencia social no solo no se resolvió, sino que se volvió crónica. Aunque se utilizaron miles de millones de dólares con ese objetivo, los resultados estructurales son débiles o inexistentes. No hubo eficiencia, planificación ni transparencia en el uso de esos recursos.

El costo para el campo

El sector agropecuario, uno de los más eficientes del país, fue duramente castigado. En cultivos como la soja, informes de FADA y otras entidades estiman que hasta el 80 % de la renta era absorbida por el Estado.

Desde 2002, más de 70.000 productores desaparecieron. La presión fiscal asfixiante afectó sobre todo a pequeños y medianos productores, que se vieron obligados a abandonar la actividad o vender sus tierras. Las zonas marginales se despoblaron, y la falta de inversión en infraestructura rural contrasta con los miles de millones recaudados.

¿Qué pasaría si se quitaran las retenciones?

Eliminar las retenciones podría incentivar significativamente la producción agropecuaria. Al mejorar los márgenes, los productores podrían invertir más en tecnología, insumos y expansión de superficie sembrada, generando mayores exportaciones y aumentando el ingreso de divisas.

No obstante, para que el impacto sea real y sostenido, esta medida debe integrarse a una política más amplia que contemple:

• Estabilidad macroeconómica

• Acceso al crédito productivo

• Mejora en rutas, caminos rurales y logística

• Reducción de costos de producción

• Apoyo a la innovación tecnológica

Sin estas condiciones, la sola eliminación de retenciones podría resultar insuficiente.

Modelos alternativos

Algunos especialistas proponen mantener retenciones bajas, fijas y predecibles, con destino específico a un fondo de desarrollo rural, transparente y auditado. Esto permitiría:

• Aliviar la presión fiscal sobre los productores

• Reforzar la inversión en infraestructura y servicios rurales

• Generar desarrollo regional equitativo

• Promover la producción sin subsidios ni distorsiones

¿Qué se hizo con los fondos?

Se estima que entre 2002 y 2024 se recaudaron USD 200.000 millones por retenciones.

Estos fondos se utilizaron para:

• Programas sociales (AUH, viviendas, educación, salud)

• Subsidios a tarifas

• Cobertura del déficit fiscal

• Pago de deuda

Sin embargo, no se vieron mejoras estructurales sostenidas. La pobreza no disminuyó en forma permanente, la infraestructura rural sigue ausente y los sistemas de salud, educación y jubilaciones están deteriorados. La falta de control y rendición de cuentas impide saber con precisión cuánto dinero fue bien utilizado y cuánto se perdió por ineficiencia, corrupción o despilfarro.

¿Quiénes son los responsables?

Existen responsabilidades políticas y legales posibles:

• Poder Ejecutivo: Presidentes, ministros de economía y jefes de gabinete que administraron los fondos sin control adecuado.

• Poder Legislativo: Legisladores que delegaron facultades sin exigir mecanismos de control ni rendición de cuentas.

• Empresarios: Contratistas que se beneficiaron de fondos públicos mediante sobreprecios, licitaciones dirigidas o corrupción.

Algunos casos judiciales como Vialidad, Cuadernos o Sueños Compartidos muestran que el desvío de fondos públicos fue una práctica extendida en años de alta recaudación.

¿Cómo lograr transparencia y trazabilidad?

La trazabilidad de los fondos provenientes de retenciones es posible. Existen ejemplos internacionales (Noruega, Chile, Bolivia) que demuestran cómo los recursos estratégicos pueden gestionarse con eficiencia y control ciudadano.

Medidas concretas que podrían aplicarse en Argentina:

1. Ley de Afectación Específica: Crear un Fondo Nacional de Retenciones Agropecuarias para infraestructura rural, educación agraria y reducción de la pobreza.

2. Cuenta presupuestaria separada: Registrar las retenciones en partidas diferenciadas dentro del SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera).

3. Plataforma pública de datos abiertos: Transparentar cada peso recaudado y su destino, con acceso ciudadano.

4. Auditoría anual obligatoria: La Auditoría General de la Nación debe revisar anualmente el uso de estos fondos e informar al Congreso.

5. Consejo Federal de Seguimiento: Incluir representantes de productores, provincias, universidades y ONGs en la supervisión del fondo.

Conclusión: el campo financia, el Estado despilfarra

Durante dos décadas, el sector agropecuario sostuvo con su esfuerzo gran parte del gasto público. Sin embargo, los resultados en infraestructura, desarrollo social y productividad no fueron proporcionales.

Los USD 203.000 millones recaudados desaparecieron en un Estado sobredimensionado, muchas veces ineficiente y opaco. Sin trazabilidad ni control, el campo financia, el gobierno gasta sin rendir cuentas, y quienes pagan las consecuencias son los productores y la ciudadanía.

Es hora de cambiar esta historia. El primer paso es saber, con precisión, a dónde fue el dinero.

El productor agropecuario no pide subsidios; simplemente quiere condiciones justas y previsibles para trabajar.