Proyecto de ley en razon del enojo de 2 pueblos que dia a dia se va convirtiendo en un malestar cronico.

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA

DE CORRUPCIÓN CERO,

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Y BUEN GOBIERNO

Ensayo legislativo en clave minarquista

Foco principal: Reino de España

Mención comparada: República Argentina

Betanzos - A coruña - España

Mayo de 2026

NOTA PRELIMINAR DEL AUTOR

El presente documento adopta la forma de un anteproyecto de ley orgánica con su correspondiente exposición de motivos, redactado conforme a la técnica legislativa española prevista en las Directrices de técnica normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005. No constituye, evidentemente, una iniciativa parlamentaria formal: es un ejercicio analítico-propositivo que utiliza la estructura del proyecto de ley como vehículo expresivo de una tesis política y filosófica concreta.

Esa tesis puede formularse en una sola línea: el ciudadano contemporáneo no rechaza el contrato fiscal, rechaza su traición sistemática. La corrupción no es, por tanto, un problema moral aislado de funcionarios deshonestos, sino la consecuencia institucional previsible de un Estado que ha acumulado discrecionalidad sin contrapesos proporcionales de rendición de cuentas. Desde el minarquismo —entendido como la doctrina que defiende un Estado mínimo, fuerte en sus funciones esenciales y limitado en su perímetro de actuación— el combate a la corrupción no se hace con más Estado, sino con un Estado más acotado, más transparente y más trazable.

El documento consta de tres secciones diferenciadas: una exposición de motivos extensa, que constituye el grueso del ensayo; un articulado operativo distribuido en cinco títulos; y un conjunto de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, conforme exige la práctica legislativa española.

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.1. El malestar y su naturaleza

Existe en España, en este año 2026, un malestar ciudadano que no se explica adecuadamente con las categorías habituales del debate político. No es un malestar contra el Estado en sí, ni contra la fiscalidad como institución. Quien escribe estas líneas ha experimentado en carne propia que el sistema sanitario público español, financiado mediante impuestos, dispensa medicamentos y atención que en muchos otros sistemas resultarían inalcanzables o ruinosos. La frase libertaria clásica según la cual “los impuestos son un robo” admite muchas matizaciones cuando uno se encuentra del lado de quien recibe la prestación financiada con esos mismos impuestos.

Pero esa misma experiencia revela la otra cara del problema. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad correspondientes al cierre de diciembre de 2025, la lista de espera quirúrgica estructural del Sistema Nacional de Salud alcanzaba 853.509 pacientes pendientes de operación, con una demora media de 121 días. Más de cuatro millones de personas estaban además pendientes de una primera consulta con un especialista. La dispersión territorial es brutal: mientras la Comunidad de Madrid registra una demora media quirúrgica de 50 días, Andalucía alcanza los 173 y Cataluña los 142. Un 21,6 por ciento de los pacientes lleva más de seis meses esperando una operación.

Estos datos, considerados aisladamente, podrían explicarse por una insuficiencia presupuestaria. La explicación, sin embargo, no resiste el contraste con la realidad fiscal española: la presión tributaria se sitúa entre las medias-altas de la Unión Europea, y el gasto sanitario público supera el siete por ciento del Producto Interior Bruto. El problema, por tanto, no es cuánto se recauda, sino qué se hace con lo recaudado. Y aquí aparece el verdadero malestar: el ciudadano percibe que su contribución fiscal no se traduce íntegramente en servicios, sino que una parte significativa se diluye en estructuras opacas, contrataciones discrecionales, redes de favores políticos y, en su versión más cruda, en hechos delictivos de corrupción.

I.2. La evidencia empírica de la corrupción en España

La percepción ciudadana antes referida no es una construcción subjetiva sin anclaje. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025, publicado por Transparencia Internacional el 10 de febrero de 2026, otorga a España una puntuación de 55 sobre 100, lo que constituye su peor resultado desde que el actual sistema de medición se implantó en 2012. España ha descendido tres posiciones en el ranking global, situándose en el puesto 49 de 182 países analizados, y cae del puesto 16 al 17 dentro del ranking de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Es superada por Portugal, Eslovenia y empata con Chipre. Más significativo aún: la trayectoria histórica muestra una caída continuada desde los 65 puntos de 2012 hasta los 55 puntos actuales.

El propio Consejo General del Poder Judicial, a través de su Repositorio de Datos sobre Procesos por Corrupción, confirma la materialidad del fenómeno: entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025, los órganos judiciales españoles concluyeron diez procedimientos por delitos relacionados con la corrupción, con auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 54 personas (47 físicas y 7 jurídicas). En ese mismo semestre se dictaron 34 sentencias en procedimientos por corrupción, de las cuales el 79,4 por ciento fueron total o parcialmente condenatorias.

A esta foto estadística debe sumarse el ruido judicial-político de los últimos años. Sin entrar en valoraciones que correspondan exclusivamente a los tribunales —vigente el principio de presunción de inocencia—, resulta indiscutible que el ecosistema institucional español ha producido en la última década un volumen muy significativo de causas penales por delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración. Casos como Lezo, ERE, Gürtel, Filesa, GAL o Roldán constituyen hitos históricos de una tendencia estructural que atraviesa décadas y partidos. Pero conviene detenerse, por su actualidad y por su carga simbólica, en dos casos contemporáneos —uno español, uno argentino— que ilustran con precisión por qué este proyecto de ley resulta necesario.

I.2.1. Las causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez: diez sumarios abiertos en 2026

Antes de exponer los hechos procesales, conviene una precisión jurídica esencial: todas las personas mencionadas en este apartado se hallan amparadas por el principio constitucional de presunción de inocencia, ninguna de ellas ha sido condenada por sentencia firme, y los hechos que se relatan corresponden a actuaciones procesales en distintas fases de instrucción o enjuiciamiento. Las afirmaciones que siguen reproducen exclusivamente lo que consta en los sumarios judiciales conforme a la cobertura de medios verificados, sin prejuzgar la culpabilidad de ninguno de los investigados, cuya determinación corresponde exclusivamente a los tribunales competentes.

Conforme a la información publicada por El Español el 29 de diciembre de 2025, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, su entorno familiar y el Partido Socialista Obrero Español afrontan en 2026 al menos diez procesos judiciales por presunta corrupción. El conjunto configura un perímetro de causas que afecta simultáneamente al jefe del Ejecutivo, a su esposa, a su hermano, a dos exsecretarios de Organización del partido en el poder y a un exministro.

El llamado “caso Koldo” constituye el núcleo del entramado. Iniciado el 28 de febrero de 2024 por el Tribunal Supremo, gira en torno al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su antiguo asesor, Koldo García Izaguirre. La investigación, originalmente centrada en presuntas comisiones por adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, se ha extendido al rescate de Air Europa por 475 millones de euros, al cobro de comisiones por contratos de obra pública del Ministerio de Transportes, al uso de empresas pantalla y al supuesto pago de comisiones a través de la empresa Servinabar, en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tendría una participación del 45 por ciento. Tanto Ábalos como Cerdán han pasado por prisión preventiva en Soto del Real. La UCO aportó audios intervenidos en los teléfonos de Koldo García en los que se escucha a Cerdán hablar del reparto de comisiones, así como mensajes de WhatsApp en los que se interesaba por adjudicaciones de obras.

El comisionista Víctor de Aldama declaró voluntariamente ante el juez el 21 de noviembre de 2024 que había entregado pagos en metálico a Santos Cerdán (15.000 euros), a la entonces ministra de Hacienda María Jesús Montero (25.000 euros), a Koldo García (200.000 euros) y a José Luis Ábalos (400.000 euros). Las grabaciones de la UCO documentaron además la entrega de sobres con dinero en la sede del PSOE en Ferraz, en los que Koldo García utilizaba la jerga de “chistorras”, “soles” y “lechugas” para referirse a los billetes de 500, 200 y 100 euros respectivamente.

La causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, instruida por el juez Juan Carlos Peinado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La pieza más reciente, conocida como “caso SEPI”, explora —según declaraciones de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo y documentación entregada al órgano judicial— una presunta intervención para apartar a competidores privados de la adquisición de un complejo inmobiliario perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, supuestamente en beneficio del Instituto de Empresa, entidad privada vinculada profesionalmente a Begoña Gómez. La instrucción también examina si la esposa del presidente intervino en la aceleración del rescate público de Air Europa, conforme a manifestaciones de Ábalos y de Aldama, aunque esta línea ha sido cerrada por la Audiencia Provincial de Madrid en otra fase del procedimiento.

El hermano del presidente, David Sánchez, será juzgado el 28 de mayo de 2026 por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con el supuesto amaño de una plaza de coordinador de los conservatorios de música dependientes de la Diputación de Badajoz, con peticiones fiscales de tres años de prisión.

Adicionalmente, el caso Leire Díez —conocida como “la fontanera de Ferraz”— ha generado un escándalo paralelo a partir de grabaciones en las que la exmilitante del PSOE habría intentado obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos de la UCO que investigan estas causas. La Audiencia Nacional investiga si esta actividad respondió a una operación coordinada desde estructuras próximas al partido.

Es esencial subrayar que todos estos procedimientos se hallan en distintas fases procesales y rige el principio de presunción de inocencia. La relevancia analítica del conjunto, sin embargo, es inequívoca: se trata de un patrón institucional que afecta simultáneamente al núcleo del Gobierno, al partido en el poder y al entorno familiar del presidente. La cuestión que un análisis minarquista debe formular no es de orden moral —si los protagonistas son personalmente honestos o deshonestos— sino estructural: ¿qué configuración del Estado permite que estas redes de influencia, comisiones, contratos amañados y favores cruzados puedan operar durante años con bajo riesgo de detección? La respuesta, como veremos, apunta directamente al exceso de discrecionalidad administrativa, a la opacidad en la contratación pública y a la captura política de los órganos de control.

I.2.2. La causa Adorni: las investigaciones tampoco respetan etiquetas ideológicas

El segundo caso contemporáneo merece atención porque ilustra que las causas judiciales por presuntas irregularidades patrimoniales no son patrimonio exclusivo de gobiernos de un determinado signo ideológico. La República Argentina ofrece, en el momento de redactar este proyecto, un caso de signo políticamente opuesto al español: el llamado “Adornigate” en los medios, una causa judicial en fase de instrucción que afecta al jefe de Gabinete de Ministros del gobierno libertario de Javier Milei, Manuel Adorni. Es preciso subrayar desde el inicio —con la misma claridad que en el caso español— que Manuel Adorni se halla amparado por la presunción de inocencia, no ha sido condenado por delito alguno, y los hechos descritos a continuación corresponden exclusivamente a actuaciones procesales en curso.

Conforme a la cobertura de medios argentinos verificados —La Nación, Infobae, Ámbito Financiero, El Economista—, Manuel Adorni es objeto de una causa por presunto enriquecimiento ilícito en fase de instrucción, a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano (Bloque Coherencia) y se halla en etapa de recopilación de elementos probatorios. Las cifras que figuran en el expediente, según la información publicada, suman gastos y compromisos patrimoniales atribuidos al jefe de Gabinete y a su esposa, Bettina Angeletti, por aproximadamente 840.000 dólares estadounidenses en los últimos dos años: alrededor de 450.000 dólares en propiedades y reformas, 335.000 dólares en deudas a corto plazo, y aproximadamente 35.000 dólares en viajes. La justicia argentina deberá determinar si estas cifras resultan o no compatibles con los ingresos lícitos del funcionario, cuyas declaraciones juradas correspondientes a 2025 tienen plazo de presentación hasta el 31 de julio de 2026 ante la Oficina Anticorrupción.

El elemento que ha cobrado mayor difusión mediática es la declaración testimonial bajo juramento del contratista Matías Tabar ante el fiscal Pollicita. Según consta en su declaración, Tabar manifestó haber recibido 245.000 dólares en efectivo por la refacción de la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, sin emisión de facturas ni recibos. El propio Adorni y su entorno han negado públicamente las cifras manifestadas por Tabar, han anunciado pericias para contrastar el valor real de las obras y han atribuido la falta de facturación a una irregularidad del arquitecto involucrado. La determinación de los hechos, su valoración jurídica y la eventual existencia o no de un delito corresponden exclusivamente al órgano judicial competente.

En el desarrollo procesal, la diputada Pagano solicitó al juez Lijo la detención de Adorni, invocando la doctrina jurisprudencial argentina denominada Irurzun, alegando supuesto entorpecimiento de la investigación. La presentación se basa en mensajes de WhatsApp en los que, según la denunciante, el jefe de Gabinete habría contactado al testigo Tabar antes de su declaración. Adorni ha rechazado las acusaciones, ha afirmado públicamente que se pondrá a disposición de la justicia y ha sostenido que demostrará en sede judicial no haber cometido ningún delito. La eventual procedencia o no de la medida solicitada queda, también, en la esfera exclusiva de decisión del órgano judicial.

Existen además otras líneas de investigación que la justicia argentina mantiene abiertas y que mediáticamente se han vinculado al entorno gubernamental: la causa relativa al criptoactivo $LIBRA, en la que se investigan presuntos cobros irregulares en eventos como el Tech Forum 2024-2025; presuntas operatorias en el ámbito de la pauta publicitaria oficial; y denuncias presentadas por legisladores opositores sobre supuestos sobresueldos. Todas estas líneas de investigación se encuentran en distintas fases procesales, con sus respectivos investigados igualmente amparados por la presunción de inocencia.

Con todas las cautelas jurídicas reseñadas, la lección política y filosófica que cabe extraer de la mera existencia de estas investigaciones —al margen de su resultado final— es relevante: un gobierno autodeclarado libertario, que predica la moral como política de Estado y la lucha contra la casta como bandera ideológica, no ha resultado inmune a la apertura de causas judiciales por presuntas irregularidades patrimoniales. La pretensión libertaria de que la mera reducción cuantitativa del Estado eliminaría automáticamente la corrupción se revela, también a la luz de la apertura de estas causas, como una hipótesis discutible. Lo que un análisis minarquista riguroso debe sostener no es que un gobierno o el otro sea más o menos corrupto —juicio que corresponde a los tribunales—, sino que ningún gobierno, con independencia de su orientación ideológica, está estructuralmente blindado contra las patologías de la discrecionalidad cuando el marco institucional permite operaciones patrimoniales sin trazabilidad documental, contratos sin factura, y mecanismos de control con escasa capacidad de fiscalización proactiva.

El sistema institucional argentino, como el español, no impone hoy una trazabilidad patrimonial integral de sus altos cargos en tiempo real ni cruzada automáticamente con bases de datos tributarias y registrales. Esa carencia de diseño es lo que hace posible que se abran causas judiciales como las descritas, y que su sustanciación demande años. El proyecto de ley que aquí se presenta apunta precisamente a cerrar esas grietas estructurales mediante el Portal Único de Trazabilidad Fiscal, las declaraciones patrimoniales reforzadas con auditoría algorítmica de oficio y la extinción de dominio sobre activos cuya licitud de origen no pueda acreditarse.

Las causas Sánchez y Adorni son, desde esta perspectiva analítica y sin prejuzgar ninguno de sus desenlaces judiciales, dos manifestaciones de la misma debilidad institucional: la de Estados iberoamericanos —en sentido amplio— que han acumulado discrecionalidad sin contrapesos proporcionales de rendición de cuentas. Las etiquetas ideológicas de quienes ocupan transitoriamente esos cargos son, en términos de diseño institucional, secundarias. Lo que importa es la arquitectura de incentivos. Y esa arquitectura es exactamente lo que este proyecto de ley se propone reformar.

El diagnóstico, por tanto, no admite escapatoria partidista. La aparición recurrente de causas judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos no es ni de izquierdas ni de derechas, ni estatista ni libertaria: es un síntoma estructural y tiene que ver con cómo está diseñado el Estado, no con quién lo ocupa coyunturalmente.

I.3. Anatomía minarquista del problema: el Estado como concentrador de discrecionalidad

La doctrina minarquista, heredera intelectual de Robert Nozick y de la tradición liberal-clásica, sostiene que el Estado legítimo es aquel limitado a las funciones de protección de derechos individuales, defensa nacional, seguridad interior, justicia y un número acotado de bienes públicos puros. Cualquier expansión del perímetro estatal más allá de ese núcleo genera, por necesidad lógica, mayor discrecionalidad burocrática, y la discrecionalidad es la materia prima de la corrupción.

Esta intuición, formulada con elegancia por Friedrich Hayek en “El camino de servidumbre” y desarrollada con rigor analítico por James Buchanan y Gordon Tullock en la teoría de la Elección Pública (Public Choice), se condensa en una proposición sencilla: los funcionarios y los políticos son seres humanos sujetos a los mismos incentivos que el resto de los actores económicos. No son ángeles guardianes del interés general; son agentes que persiguen sus propios fines —reelección, poder, prestigio, recursos— dentro del marco institucional en que operan. Si el marco institucional les permite extraer rentas con bajo riesgo de detección y sanción, lo harán. No por maldad, sino por incentivos.

De esta proposición se deriva un corolario crucial para el diseño institucional anticorrupción: no basta con apelar a la moralidad de los gobernantes, ni con sustituir a los corruptos por otros que parezcan más virtuosos. Es necesario rediseñar el marco de incentivos para que la corrupción sea costosa, detectable, sancionable y, en lo posible, estructuralmente difícil. Esto implica reducir la discrecionalidad disponible, aumentar la transparencia de los procesos decisorios, blindar la independencia de los órganos de control, y endurecer las consecuencias penales y patrimoniales de los hechos corruptos.

El minarquismo, por tanto, no es un programa de demolición del Estado. Es un programa de redimensionamiento y de fortalecimiento simultáneo: menos Estado en cantidad, más Estado en calidad. El Estado que recauda impuestos para financiar sanidad pública, justicia, policía y defensa tiene legitimidad, siempre que cumpla con eficacia su función y rinda cuentas verificables del uso de los recursos. El Estado que recauda los mismos impuestos pero los disipa en redes clientelares, contratos amañados, subvenciones discrecionales y empleos cautivos no tiene esa legitimidad: ha roto unilateralmente el contrato fiscal con el ciudadano.

I.4. El falso dilema de los extremos

Es necesario rechazar explícitamente dos extremos que con frecuencia capturan el debate público.

El primer extremo es el anarcocapitalismo, que postula la abolición completa del Estado y la sustitución de todas sus funciones por el mercado y agencias privadas voluntarias. Esta posición, defendida con sofisticación por autores como Murray Rothbard o David Friedman, resulta seductora en abstracto pero se topa con un problema empírico insalvable: no existe ningún ejemplo histórico contemporáneo de sociedad próspera, segura y estable que carezca completamente de un Estado. La provisión de seguridad, justicia y defensa por medios estrictamente privados genera, en la práctica, dinámicas de cártel y de violencia que reproducen las patologías del Estado pero sin sus contrapesos democráticos. El minarquismo se diferencia precisamente del anarcocapitalismo en este punto: acepta que un núcleo estatal mínimo es necesario, no como mal menor, sino como condición de posibilidad de la libertad individual.

El segundo extremo es el socialismo estatista en su versión maximalista —no la socialdemocracia europea, sino el modelo que aspira a la propiedad pública generalizada de los medios de producción y a la planificación central. Este modelo ha demostrado empíricamente, en cada uno de sus ensayos del siglo XX, dos resultados consistentes: empobrecimiento agregado y corrupción institucional masiva. Cuando el Estado lo controla todo, no hay esfera privada desde la cual fiscalizar al Estado, y la corrupción se vuelve consustancial al sistema. Los regímenes que ocupan los últimos puestos del Índice de Percepción de la Corrupción —Venezuela con 10 puntos, Sudán del Sur y Somalia con 9 puntos— ilustran lo que ocurre cuando el Estado absorbe el mercado y la sociedad civil.

Entre estos dos extremos, el minarquismo ofrece una vía media filosóficamente coherente y empíricamente verificable. Los países que combinan economías de mercado libres con Estados pequeños, fuertes en lo esencial y altamente transparentes —Dinamarca con 89 puntos, Finlandia con 88, Singapur con 84, Nueva Zelanda con 81— son simultáneamente los más prósperos, los menos corruptos y los más libres. El correlato no es casual: la transparencia institucional, la limitación de la discrecionalidad estatal y la separación rigurosa entre poder político y actividad económica son tres caras de la misma moneda.

I.4 bis. Justificación minarquista del régimen sancionador endurecido

La doctrina minarquista, lejos de implicar laxitud sancionadora, exige precisamente lo contrario: cuando el Estado se reduce a sus funciones esenciales —protección de derechos, justicia, seguridad— quienes traicionan esas funciones cometen el peor de los delitos posibles, porque atentan contra la propia razón de ser del Estado mínimo. El funcionario corrupto no comete simplemente un robo: comete una traición fiduciaria al ciudadano que le encomendó la administración leal de los recursos públicos. Esta gravedad agravada exige consecuencias jurídicas igualmente reforzadas.

De este principio se derivan cuatro pilares sancionadores que vertebran el Título IV de esta ley:

Primero, prisión efectiva. Las penas privativas de libertad por delitos de corrupción deben ser de cumplimiento real, no susceptibles de sustitución por multa o trabajos en beneficio de la comunidad cuando las cuantías son significativas. La experiencia comparada demuestra que los sistemas que admiten masivamente la sustitución de prisión por sanciones alternativas para los delitos de cuello blanco generan un efecto disuasorio nulo, transformando el coste esperado de la corrupción en una variable contable manejable para quien delinque.

Segundo, restitución íntegra. Ninguna persona condenada por corrupción debe poder gozar de libertad condicional, permisos penitenciarios ni beneficios procesales sin haber restituido previamente y de forma íntegra el importe sustraído al erario público, con sus intereses. La lógica es elemental: la sociedad no recupera lo perdido si la pena se cumple pero el botín se conserva. Devolver lo robado deja de ser opcional y se convierte en condición sine qua non de cualquier alivio penitenciario.

Tercero, inhabilitación absoluta y perpetua. Quien ha demostrado en sentencia firme que utilizó el cargo público para enriquecerse pierde, en consecuencia, el derecho a volver a ocupar cargo público alguno por el resto de su vida. No se trata de una pena vindicativa sino de una medida de protección institucional: el ciudadano tiene derecho a que sus instituciones no sean ocupadas por personas judicialmente acreditadas como traidoras a la función pública. La rehabilitación, si existiera, debería operar como excepción excepcional y motivada, no como derecho ordinario que se adquiere por el mero transcurso del tiempo.

Cuarto, recuperación patrimonial extensiva. El régimen sancionador debe cerrar la puerta más utilizada por los corruptos para preservar el botín: la interposición de personas. Cuando un condenado por corrupción ha disipado o transferido su patrimonio a parientes próximos —cónyuges, padres, hijos, abuelos, nietos— el ordenamiento jurídico no puede limitarse a constatar su insolvencia formal. Debe permitir, mediante una acción civil de recuperación de naturaleza no penal, perseguir los bienes adquiridos por esos familiares cuando concurran indicios objetivos de que esos bienes proceden del condenado y los familiares no acrediten origen lícito autónomo. Esta acción no constituye sanción contra los familiares —el principio de personalidad de las penas, defendido por la tradición liberal desde Beccaria, lo prohibiría— sino mecanismo recuperatorio que invierte la carga probatoria sobre quien se beneficia objetivamente del botín. Es la fórmula utilizada con éxito por jurisdicciones como Italia (legislación antimafia), Colombia (extinción de dominio) y otros sistemas occidentales para hacer estructuralmente difícil el ocultamiento patrimonial intergeneracional.

La objeción liberal-clásica que pudiera formularse —que extender consecuencias a familiares vulnera la personalidad de las penas— se responde con una distinción precisa: el régimen propuesto no impone pena a los familiares, sino que somete a presunción iuris tantum los bienes que aparecen en su titularidad cuando concurren indicios objetivos de procedencia ilícita. El familiar conserva el derecho pleno a acreditar el origen lícito autónomo de su patrimonio mediante prueba documental. Si lo acredita, sus bienes quedan al margen de la acción recuperatoria. Si no puede acreditarlo —porque, sencillamente, esos bienes no provienen de su esfera lícita— la acción opera como devolución al erario de lo que nunca fue legítimamente del condenado ni de sus testaferros. Esto no es punir al inocente: es recuperar lo robado al ciudadano contribuyente, dondequiera que el corrupto lo haya escondido.

Este régimen sancionador endurecido es, paradójicamente, profundamente liberal. Porque solo cuando el Estado mínimo demuestra capacidad y voluntad efectivas de proteger sus propios recursos contra la depredación interna, recupera la legitimidad moral para exigir contribución fiscal al ciudadano. La tolerancia de la impunidad de los corruptos es el peor enemigo del Estado liberal: erosiona el contrato fiscal, desincentiva el cumplimiento tributario voluntario y acaba justificando, en el debate público, la huida hacia el extremo anarcocapitalista o hacia el populismo demagógico. La firmeza sancionadora es, por tanto, condición de posibilidad del Estado mínimo legítimo.

I.5. Marco normativo vigente y sus insuficiencias

España cuenta actualmente con un marco normativo nominalmente robusto en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción —que transpone la Directiva (UE) 2019/1937—; la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público; la Ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses; y un Código Penal con tipos específicos para prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias, configuran un edificio normativo aparentemente completo.

El problema no es la inexistencia de normas, sino su deficiente diseño y aplicación. Como ha señalado la propia consulta pública del Anteproyecto de Ley de Administración Abierta de septiembre de 2025, la aplicación de la Ley 19/2013 no funciona como debería. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno carece de medios materiales y personales adecuados para ejercer sus funciones; las resoluciones favorables al ciudadano son sistemáticamente recurridas por la Administración, dilatando el acceso efectivo a la información; el régimen sancionador resulta esquivo en su aplicación práctica; y las entidades obligadas incumplen rutinariamente las obligaciones de publicidad activa sin consecuencias efectivas.

La presente ley orgánica no pretende sustituir el marco existente, sino completarlo, reforzarlo y, en algunos aspectos, refundirlo, partiendo de un principio rector: la transparencia y la trazabilidad deben ser configuradas como derechos subjetivos de los ciudadanos exigibles por vía judicial, no como obligaciones programáticas de la Administración cuyo incumplimiento queda sin consecuencia. Y los mecanismos de control deben ser blindados frente a la captura política, dotándolos de independencia presupuestaria, funcional y orgánica equivalente a la del Banco de España o el Tribunal de Cuentas.

I.6. La mención comparada: la experiencia argentina

Aunque el foco de esta ley es España, resulta ilustrativo aludir brevemente a la experiencia de la República Argentina, donde el problema de la corrupción presenta características estructurales similares pero amplificadas. Argentina cuenta con una Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia, una Ley 25.188 de Ética Pública, una Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria y una jurisprudencia robusta sobre acceso a la información pública. Sin embargo, persiste un patrón endémico de causas judiciales por corrupción que afectan a múltiples administraciones, a menudo con duración procesal que excede los plazos razonables de prescripción.

La lección comparada es doble. Por un lado, ningún país, ni de Europa ni de América, está exento del problema de la corrupción cuando carece de mecanismos efectivos de transparencia y de limitación de la discrecionalidad estatal. Por otro lado, los marcos normativos por sí solos no resuelven el problema si no van acompañados de instituciones de control con recursos, independencia y voluntad política de aplicarlos. Argentina ofrece un repertorio normativo similar al español, con resultados igualmente deficientes en la práctica.

La presente ley orgánica incorpora soluciones que pueden ser aplicables, mutatis mutandis, en otros ordenamientos jurídicos hispanohablantes, y contiene una disposición adicional específica de cooperación bilateral hispano-argentina en materia anticorrupción.

I.7. Estructura general de la ley

La ley se estructura en cinco títulos que abordan, conforme al mandato recibido, la totalidad de los ejes funcionales del combate institucional contra la corrupción.

El Título I, “Transparencia activa y datos abiertos”, configura un régimen reforzado de publicidad activa, eleva los estándares de granularidad y oportunidad de la información publicada, crea un Portal Único de Trazabilidad Fiscal y establece un derecho subjetivo de acceso exigible jurisdiccionalmente.

El Título II, “Reducción de la discrecionalidad administrativa”, aborda el núcleo material del problema: contratación pública, subvenciones, autorizaciones administrativas y nombramientos discrecionales. Introduce mecanismos de automatización, limita las excepciones a los procedimientos abiertos, y establece un principio general de restricción de la potestad discrecional cuando exista alternativa reglada.

El Título III, “Controles institucionales y arquitectura de fiscalización”, crea la Autoridad Independiente de Integridad Pública, refuerza el Tribunal de Cuentas, blinda el Consejo de Transparencia, e introduce un régimen estricto de Ficha Limpia para el acceso a cargos públicos.

El Título IV, “Sanciones penales, patrimoniales y de inhabilitación”, configura un régimen de tolerancia cero institucional. Endurece los tipos penales relevantes con penas mínimas elevadas, suprime la posibilidad de sustituir la prisión por multa o trabajos en beneficio de la comunidad cuando la cuantía defraudada sea significativa, condiciona toda libertad condicional y todo beneficio penitenciario a la restitución íntegra de lo sustraído, establece la inhabilitación absoluta y perpetua sin rehabilitación ordinaria, eleva los plazos de prescripción a treinta años, perfecciona la extinción de dominio sobre activos de origen ilícito y, como mecanismo de neutralización del fraude por interposición de personas, extiende civilmente la responsabilidad recuperatoria a los bienes adquiridos por familiares en línea ascendente y descendente hasta el segundo grado cuando los condenados oculten patrimonio bajo titularidades formales ajenas.

El Título V, “Protección al denunciante y participación ciudadana”, refuerza la Ley 2/2023 con medidas adicionales de garantía, establece incentivos económicos a la denuncia legítima, y crea un régimen de acción popular reforzada en materia de corrupción.

II. ARTICULADO

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley orgánica tiene por objeto:

a) Establecer un régimen integral de prevención, detección, sanción y reparación de la corrupción en el sector público español.

b) Reforzar la transparencia y la trazabilidad del uso de los recursos públicos como derecho subjetivo de los ciudadanos.

c) Reducir la discrecionalidad administrativa en aquellas áreas funcionales donde concurra mayor riesgo de captura corrupta.

d) Blindar institucionalmente los órganos de control frente a la influencia política.

e) Endurecer el régimen sancionador penal, patrimonial y de inhabilitación aplicable a los hechos de corrupción.

f) Garantizar la protección efectiva de las personas que denuncien hechos constitutivos de corrupción y promover la participación ciudadana en el control del poder público.

Artículo 2. Principios rectores

Son principios rectores de esta ley:

a) Principio de legitimidad fiscal recíproca. El ciudadano contribuye al sostenimiento del gasto público mediante impuestos legítimamente exigidos por el Estado. Como contraprestación, el Estado se obliga a acreditar de manera trazable y verificable el destino íntegro de los recursos recaudados. La opacidad o la apropiación indebida de recursos públicos rompe unilateralmente el contrato fiscal y deslegitima la pretensión recaudatoria.

b) Principio de mínima discrecionalidad. Allí donde sea posible sustituir una decisión discrecional por una decisión reglada, automatizada o sometida a procedimiento competitivo, deberá hacerse. La discrecionalidad administrativa es un recurso institucional escaso que solo se justifica cuando es estrictamente necesaria para la finalidad pública perseguida.

c) Principio de transparencia por defecto. Toda información en poder de las Administraciones Públicas y de las entidades del sector público es, salvo excepción tasada, información pública accesible al ciudadano sin necesidad de motivar la solicitud.

d) Principio de trazabilidad integral. Cada euro recaudado debe poder ser seguido desde su origen tributario hasta su destino final de gasto, mediante sistemas técnicos de información pública en formato abierto y reutilizable.

e) Principio de independencia de los órganos de control. Los órganos encargados de fiscalizar la actividad pública deben gozar de autonomía orgánica, funcional, presupuestaria y de personal respecto del poder político fiscalizado.

f) Principio de responsabilidad personal. Las consecuencias jurídicas de los hechos de corrupción recaen primariamente sobre las personas físicas que los han cometido, no sobre las personas jurídicas o las instituciones, sin perjuicio de las responsabilidades subsidiarias que procedan.

Artículo 3. Ámbito subjetivo

Las disposiciones de esta ley orgánica son aplicables a:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.

c) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas y las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación pública sea superior al cincuenta por ciento.

d) Las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas autonómicas, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y los órganos análogos autonómicos, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo y al gasto de los recursos públicos asignados.

e) La Casa de Su Majestad el Rey, en los términos previstos en la disposición adicional sexta de la Ley 19/2013.

f) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales perceptoras de financiación pública, en los términos del Título I de esta ley.

g) Las personas físicas y jurídicas perceptoras de subvenciones, ayudas, contratos o concesiones públicas por importe superior a los umbrales que reglamentariamente se establezcan.

TÍTULO I. TRANSPARENCIA ACTIVA Y DATOS ABIERTOS

Artículo 4. Derecho subjetivo de acceso a la información pública

1. Todas las personas, sin necesidad de motivar su solicitud, tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y en la Ley 19/2013, con las modificaciones introducidas por la presente ley.

2. El derecho de acceso se configura como derecho subjetivo, exigible jurisdiccionalmente por la vía contencioso-administrativa preferente y sumaria. La denegación o el incumplimiento del plazo legal de respuesta habilitará al solicitante para acudir directamente al órgano jurisdiccional, sin perjuicio de la reclamación previa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cuando el solicitante opte por esta vía.

3. El plazo máximo de respuesta a las solicitudes de acceso se reduce a quince días hábiles, prorrogable por una sola vez y por motivos excepcionales debidamente justificados a treinta días hábiles. El silencio administrativo en esta materia tendrá efecto positivo.

Artículo 5. Portal Único de Trazabilidad Fiscal

1. Se crea el Portal Único de Trazabilidad Fiscal (en adelante, PUTF), gestionado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado, como sistema técnico de información pública en formato abierto y reutilizable.

2. El PUTF permitirá a cualquier ciudadano consultar, mediante interfaz pública y mediante interfaz de programación de aplicaciones (API):

a) El presupuesto inicial, las modificaciones presupuestarias y el grado de ejecución del gasto, desglosado por programas, capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

b) La totalidad de los contratos públicos adjudicados por importe superior a 3.000 euros, con identificación del adjudicatario, importe, procedimiento, número de licitadores y duración.

c) La totalidad de las subvenciones, ayudas y transferencias concedidas, con identificación del beneficiario, importe, finalidad y justificación documental.

d) Las retribuciones íntegras de todos los empleados públicos, agregadas por puesto, sin identificación nominal salvo en el caso de altos cargos y personal eventual.

e) Las declaraciones patrimoniales y de actividades de los altos cargos.

f) Los expedientes administrativos relativos a la gestión de fondos públicos, una vez resueltos y previa aplicación de los límites legales de protección de datos.

3. La información del PUTF se publicará en formatos abiertos y reutilizables conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de Recursos de Información, con licencia que permita su reutilización para cualquier finalidad lícita, incluida la comercial.

4. El incumplimiento de los plazos de publicación o la publicación incompleta de la información obligatoria constituirá infracción muy grave a los efectos del régimen sancionador previsto en esta ley.

Artículo 6. Publicidad activa reforzada

Se modifica el artículo 8 de la Ley 19/2013 para incorporar las siguientes obligaciones adicionales de publicidad activa:

a) Trazabilidad de adjudicaciones. Las Administraciones publicarán, junto con cada contrato, el conjunto íntegro de pliegos, ofertas no confidenciales, informes técnicos de valoración, actas de la mesa de contratación y resoluciones de adjudicación.

b) Huella legislativa y normativa. Cada anteproyecto de ley, proyecto de ley, real decreto, orden ministerial o disposición normativa autonómica incluirá una huella normativa que registrará, con identificación de fecha, autor y contenido, todas las aportaciones, sugerencias y modificaciones recibidas durante su tramitación, así como las reuniones mantenidas por los responsables públicos con grupos de interés.

c) Registro de grupos de interés. Se crea el Registro Obligatorio Estatal de Grupos de Interés, de inscripción obligatoria para toda persona física o jurídica que realice actividades de influencia ante autoridades, altos cargos o empleados públicos. La inscripción incluirá la identificación de los clientes representados, los recursos económicos asignados a la actividad de influencia y las materias específicas sobre las que se ejerce influencia.

d) Agendas públicas en tiempo real. Las agendas oficiales de altos cargos del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se publicarán en tiempo real, con identificación de las reuniones mantenidas y los participantes en ellas. Las excepciones por razones de seguridad o de confidencialidad legalmente protegida deberán ser motivadas individualmente y revisables por el Consejo de Transparencia.

Artículo 7. Régimen sancionador por incumplimiento de transparencia

1. Constituye infracción muy grave, sancionable con multa de 30.001 a 600.000 euros y con la inhabilitación para el ejercicio de cargo público de cinco a diez años:

a) La denegación deliberada de información pública sin amparo en una causa legal de excepción.

b) La omisión deliberada de información obligatoria del Portal Único de Trazabilidad Fiscal.

c) La alteración o destrucción de información pública con la finalidad de impedir su conocimiento.

d) La obstaculización deliberada del acceso a la información por parte del ciudadano o del Consejo de Transparencia.

2. Constituye infracción grave, sancionable con multa de 5.001 a 30.000 euros y suspensión del ejercicio de funciones de seis meses a tres años, el incumplimiento reiterado de los plazos de respuesta a solicitudes de acceso o de las obligaciones de publicidad activa.

3. La responsabilidad sancionadora recaerá sobre la persona física titular del órgano competente para resolver, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias o penales que procedan.

TÍTULO II. REDUCCIÓN DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 8. Principio de mínima discrecionalidad en la contratación pública

1. La adjudicación de contratos públicos por procedimientos no abiertos —en particular, procedimiento negociado sin publicidad, procedimiento con negociación, contratos menores y contratos de emergencia— queda restringida a los supuestos taxativos previstos legalmente, debiendo motivarse específicamente la concurrencia del supuesto excepcional.

2. La cuantía máxima de los contratos menores se reduce a 5.000 euros para suministros y servicios y a 15.000 euros para obras. Se prohíbe expresamente el fraccionamiento del objeto contractual con la finalidad de eludir los procedimientos abiertos.

3. Los contratos de emergencia exigirán, además de los requisitos vigentes, dictamen previo del Consejo de Estado u órgano equivalente autonómico cuando su importe supere los 600.000 euros, sin perjuicio de su tramitación urgente.

4. Se crea el Registro Estatal de Adjudicatarios Recurrentes, que identificará públicamente a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan resultado adjudicatarias de contratos del sector público por importes acumulados superiores a determinados umbrales, con análisis estadístico de la concurrencia de licitadores y los porcentajes de adjudicación.

Artículo 9. Subvenciones y ayudas públicas

1. Toda subvención o ayuda pública se concederá mediante régimen de concurrencia competitiva, salvo cuando concurran las causas de concesión directa expresamente previstas en la Ley General de Subvenciones, debidamente motivadas en el expediente.

2. Las subvenciones nominativas y las subvenciones de concesión directa por razones de interés social, humanitario u otras debidamente justificadas, se someterán a auditoría externa obligatoria cuando su importe supere los 50.000 euros anuales por beneficiario.

3. Los beneficiarios de subvenciones públicas por importe superior a 100.000 euros anuales quedarán sujetos a las obligaciones de publicidad activa de la Ley 19/2013, en los términos previstos para las entidades del ámbito subjetivo de aplicación.

4. La justificación de las subvenciones se presentará en formato electrónico estandarizado e interoperable con los sistemas de fiscalización de la Intervención General y del Tribunal de Cuentas.

Artículo 10. Nombramientos y provisión de puestos discrecionales

1. La libre designación como sistema de provisión de puestos en la Administración Pública queda restringida a los puestos de máxima responsabilidad directiva debidamente identificados en las relaciones de puestos de trabajo, con motivación individualizada de la concurrencia de las circunstancias excepcionales que la justifican.

2. Los nombramientos de altos cargos y de personal directivo de entidades del sector público se someterán a:

a) Convocatoria pública con criterios objetivos previamente publicados.

b) Comparecencia previa ante la Comisión parlamentaria competente cuando el cargo esté sometido a esta exigencia, con publicación íntegra del expediente curricular y de las respuestas a las preguntas formuladas.

c) Verificación de cumplimiento de los requisitos de Ficha Limpia previstos en el Título III.

3. Los nombramientos efectuados sin observancia de los requisitos previstos en este artículo serán nulos de pleno derecho.

Artículo 11. Automatización de procedimientos administrativos

1. Las Administraciones Públicas procederán a la automatización progresiva de aquellos procedimientos administrativos en los que la decisión se base en la aplicación de criterios objetivos predeterminados, con la finalidad de reducir la discrecionalidad y los tiempos de respuesta.

2. La automatización deberá garantizar la trazabilidad completa del proceso decisorio, la publicidad del algoritmo o del conjunto de reglas aplicado, y la posibilidad de revisión humana a instancia del interesado.

3. La adjudicación de citas médicas en el Sistema Nacional de Salud, las adjudicaciones de plazas educativas, las concesiones de ayudas reglada y los procedimientos sancionadores en materia de tráfico se someterán prioritariamente a automatización con publicación del código fuente y los datos de funcionamiento.

TÍTULO III. CONTROLES INSTITUCIONALES Y ARQUITECTURA DE FISCALIZACIÓN

Artículo 12. Autoridad Independiente de Integridad Pública

1. Se crea la Autoridad Independiente de Integridad Pública (en adelante, AIIP), como organismo público con personalidad jurídica propia, plena independencia funcional, orgánica y presupuestaria.

2. La AIIP integrará las funciones actualmente dispersas en la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección al Informante y los órganos competentes en materia de conflictos de interés de altos cargos.

3. El Presidente de la AIIP será nombrado por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados, entre personas de reconocido prestigio profesional y experiencia mínima de quince años en materias jurídicas, económicas o de auditoría, por un mandato no renovable de seis años. La duración no coincidente con la legislatura es elemento esencial del régimen de independencia.

4. La AIIP elaborará su propio anteproyecto de presupuesto, que será incorporado sin modificaciones a los Presupuestos Generales del Estado en una sección autónoma. Su dotación no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior.

5. Son funciones de la AIIP:

a) Supervisar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades, conflictos de interés y declaraciones patrimoniales y de actividades de los altos cargos.

b) Recibir denuncias de hechos constitutivos de corrupción y derivarlas, en su caso, a la jurisdicción competente.

c) Proteger a los informantes y aplicar el régimen sancionador correspondiente.

d) Auditar de oficio o a instancia de parte la regularidad de los procedimientos administrativos en materia de contratación, subvenciones y nombramientos.

e) Emitir dictámenes vinculantes sobre la concurrencia de causas de Ficha Limpia.

f) Cooperar con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Artículo 13. Refuerzo del Tribunal de Cuentas

1. El Tribunal de Cuentas verá ampliadas sus competencias para realizar auditorías de oficio, sin necesidad de acuerdo previo de las Cortes Generales, sobre cualquier ente del sector público estatal, autonómico o local.

2. Los informes del Tribunal de Cuentas se publicarán íntegramente en el Portal Único de Trazabilidad Fiscal en el plazo máximo de quince días desde su aprobación.

3. La sección de enjuiciamiento contable verá reforzada su dotación de personal y sus medios técnicos para garantizar la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad contable en plazos razonables.

Artículo 14. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

1. Se modifica la Ley 19/2013 para reforzar la independencia y los recursos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, conforme a las siguientes determinaciones:

a) El Presidente será nombrado por mayoría de tres quintos del Congreso, por mandato no renovable de seis años.

b) El Consejo elaborará su propio anteproyecto de presupuesto, con dotación mínima vinculada a un porcentaje de los ingresos no financieros del Estado.

c) Las resoluciones del Consejo serán inmediatamente ejecutivas y solo podrán ser recurridas en vía contencioso-administrativa por la Administración con depósito previo del importe correspondiente.

d) El incumplimiento de las resoluciones del Consejo por parte de la Administración constituirá infracción muy grave, con responsabilidad personal del titular del órgano obligado.

Artículo 15. Ficha Limpia para el acceso a cargos públicos

1. No podrán acceder ni desempeñar cargo público representativo, alto cargo de la Administración, puesto directivo en entidades del sector público, ni ser perceptores de subvención o contrato del sector público en condición de personas físicas, las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Haber sido condenadas por sentencia firme en cualquier instancia por delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, fraude a la Administración, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales con origen en la actividad pública, financiación ilegal de partidos políticos, o delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social cuando concurran con el ejercicio de cargo o empleo público.

b) Haber sido procesadas por sentencia de la Audiencia Provincial confirmada en apelación por los mismos delitos, hasta tanto recaiga sentencia absolutoria firme, configurándose en este supuesto la inhabilitación cautelar prevista en esta ley.

c) Encontrarse incursas en causas de incompatibilidad o conflicto de interés sustantivo no resueltas conforme a la legislación aplicable.

2. La inhabilitación derivada del apartado 1.a) de este artículo tendrá carácter absoluto, perpetuo y sin posibilidad de rehabilitación ordinaria. Esta inhabilitación afectará no solo al cargo público representativo y al alto cargo, sino al desempeño de cualquier empleo público, a la condición de adjudicatario de contratos del sector público, a la condición de beneficiario de subvenciones y ayudas públicas, y a la titularidad o cargo directivo en entidades adjudicatarias o beneficiarias de las anteriores. La rehabilitación solo podrá producirse, en su caso, mediante indulto particular específicamente motivado y posterior a la restitución íntegra de los fondos públicos defraudados o sustraídos.

3. La verificación del cumplimiento de los requisitos de Ficha Limpia corresponderá a la Autoridad Independiente de Integridad Pública, que emitirá dictamen vinculante previo a cualquier nombramiento, toma de posesión, adjudicación contractual o concesión de subvención que esté sometida al ámbito subjetivo de aplicación de esta ley.

4. La sobrevenida concurrencia de cualquiera de las causas previstas en este artículo determinará, previa audiencia del interesado y sin demora superior a quince días naturales, el cese automático en el cargo, sin derecho a indemnización ni a prestación compensatoria de ningún tipo.

5. La inhabilitación se hará efectiva mediante inscripción en el Registro Central de Personas Inhabilitadas, dependiente de la Autoridad Independiente de Integridad Pública, de consulta pública obligatoria y previa a cualquier acto de nombramiento, contratación pública o concesión de subvención superior a los umbrales que reglamentariamente se establezcan.

TÍTULO IV. SANCIONES PENALES, PATRIMONIALES Y DE INHABILITACIÓN

Artículo 16. Modificaciones del Código Penal: tipos agravados y penas mínimas

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con la finalidad de elevar el coste esperado de la corrupción a niveles que produzcan disuasión efectiva:

a) Prevaricación. En el artículo 404, cuando el hecho se hubiera cometido con la finalidad de obtener un beneficio económico personal o para tercero, la pena se elevará a prisión de tres a seis años, con inhabilitación absoluta perpetua. Quedará excluida la sustitución de la pena privativa de libertad por multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y la suspensión de la ejecución de la pena solo podrá concederse cuando concurra la restitución íntegra prevista en el artículo 18 de esta ley.

b) Malversación. Los artículos 432 a 435 se modifican para establecer una pena mínima de prisión de cuatro años cuando la cuantía malversada exceda de 50.000 euros, y de seis años cuando exceda de 250.000 euros, con un máximo de doce años. La pena llevará aparejada inhabilitación absoluta perpetua. La libertad condicional y los beneficios penitenciarios quedarán condicionados a la restitución íntegra del importe malversado, conforme al artículo 18 de esta ley.

c) Cohecho. Se introduce un nuevo tipo agravado para el cohecho relacionado con contratos del sector público, subvenciones públicas o nombramientos discrecionales, con pena de prisión de cinco a diez años e inhabilitación absoluta perpetua. La pena se aplicará en su mitad superior cuando el sujeto activo sea autoridad o alto cargo de cualquier nivel territorial.

d) Tráfico de influencias. Se amplía el ámbito subjetivo del tipo del artículo 428 para incluir expresamente a los antiguos altos cargos durante los diez años posteriores al cese, en relación con asuntos en los que hubieran intervenido durante el ejercicio de su función. La pena mínima se eleva a tres años de prisión, con inhabilitación absoluta perpetua.

e) Enriquecimiento ilícito de altos cargos. Se incorpora al Código Penal un nuevo tipo penal específico de enriquecimiento ilícito, aplicable a quien, ostentando o habiendo ostentado la condición de autoridad, alto cargo o empleado público, presente un incremento patrimonial significativo respecto del que pudiera derivarse de sus ingresos lícitos durante el ejercicio del cargo y los diez años posteriores, sin que pueda acreditarse el origen lícito de tal incremento. La pena será de prisión de cuatro a diez años e inhabilitación absoluta perpetua.

Artículo 17. Cumplimiento efectivo y restricciones de beneficios penitenciarios

1. Las penas privativas de libertad impuestas por los delitos enumerados en el artículo 16 serán de cumplimiento efectivo. Quedará expresamente excluida la suspensión ordinaria de la ejecución de la pena cuando la cuantía defraudada, sustraída o malversada supere los 100.000 euros.

2. La concesión de la libertad condicional, los permisos penitenciarios ordinarios, la progresión al tercer grado y cualquier otro beneficio penitenciario quedarán condicionados, sin excepción, a la restitución íntegra del importe defraudado, sustraído o malversado, conforme al régimen previsto en el artículo 18, así como al pago de las multas, costas e indemnizaciones impuestas en sentencia.

3. La aplicación del indulto particular en relación con estos delitos exigirá motivación reforzada, dictamen previo y vinculante de la Autoridad Independiente de Integridad Pública, y la previa restitución íntegra prevista en esta ley. El indulto general queda expresamente excluido para los delitos de corrupción comprendidos en este Título.

4. Los plazos de prescripción se regirán por lo previsto en el artículo 19 de esta ley.

Artículo 18. Restitución patrimonial íntegra y mecanismos de cobro

1. Toda sentencia condenatoria firme por los delitos comprendidos en el artículo 16 contendrá pronunciamiento expreso sobre la obligación de restitución íntegra al erario público de la totalidad del importe defraudado, sustraído, malversado o equivalente al beneficio patrimonial ilícitamente obtenido, junto con sus intereses legales desde la fecha de comisión del hecho.

2. El importe de la restitución se ejecutará prioritariamente sobre los bienes propios del condenado, sean estos de su titularidad directa, gananciales con su cónyuge cuando proceda conforme al régimen económico matrimonial, o bienes adquiridos durante el ejercicio del cargo o en los diez años anteriores o posteriores al mismo.

3. Cuando el patrimonio propio del condenado resulte insuficiente para cubrir la restitución íntegra, la responsabilidad patrimonial se extenderá subsidiariamente a los bienes obtenidos por sus parientes en línea ascendente y descendente hasta el segundo grado (padres, hijos, abuelos y nietos), así como a los bienes de su cónyuge o pareja de hecho registrada, cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que los bienes en cuestión hayan sido adquiridos por dichas personas durante el ejercicio del cargo del condenado o en los diez años anteriores o posteriores al cese.

b) Que exista una incompatibilidad objetiva entre el valor de los bienes adquiridos y los ingresos lícitos acreditables de la persona vinculada en el período relevante.

c) Que la persona vinculada no acredite documentalmente el origen lícito autónomo de los bienes mediante prueba que excluya razonablemente su procedencia del condenado o de su esfera patrimonial.

4. La extensión patrimonial prevista en el apartado anterior tiene naturaleza civil-recuperatoria, no penal, y opera mediante presunción iuris tantum que admite prueba en contrario por parte del afectado. No constituye, por tanto, sanción ni pena, sino mecanismo de neutralización del fraude por interposición de personas y de recuperación de fondos públicos. La carga probatoria del origen lícito recae sobre el familiar o persona vinculada cuyo patrimonio se vea afectado, conforme al criterio establecido en el artículo 20 de esta ley para la extinción de dominio.

5. La acción civil-recuperatoria prevista en este artículo será imprescriptible cuando recaiga sobre bienes vinculados a delitos de corrupción cometidos por personas que ostenten o hayan ostentado la condición de autoridad o alto cargo, conforme al artículo 20.

6. Quedan excluidos de la responsabilidad subsidiaria los bienes de primera necesidad de los familiares afectados, hasta el límite de inembargabilidad legalmente establecido para el deudor común, así como la vivienda habitual del cónyuge o de los hijos menores cuando estos no dispongan de otra residencia. Esta exclusión no operará cuando se acredite que la vivienda habitual fue adquirida con fondos de origen ilícito vinculado al condenado.

7. La acción se ejercitará por la Abogacía del Estado o por las administraciones autonómicas o locales perjudicadas, según corresponda, ante la jurisdicción civil ordinaria, y será compatible con la acción de extinción de dominio prevista en el artículo 20.

Artículo 19. Régimen de prescripción

1. Se modifica el artículo 131 del Código Penal para establecer que los delitos de corrupción comprendidos en el artículo 16 de esta ley prescribirán a los treinta años, computándose el plazo desde el día en que se hubiera cometido la infracción punible o, en caso de delito continuado, desde el último acto.

2. Cuando los hechos hubieran sido cometidos por quien ostentaba en ese momento la condición de autoridad o alto cargo, el plazo de prescripción no comenzará a correr hasta el cese efectivo en el cargo.

3. La prescripción quedará interrumpida por cualquier actuación judicial dirigida contra el responsable, incluida la querella o la denuncia, sin que el archivo provisional o el sobreseimiento que sea posteriormente revocado interrumpan el cómputo.

4. La acción civil de recuperación patrimonial y la acción de extinción de dominio derivadas de estos delitos serán imprescriptibles, conforme al artículo 20.

Artículo 20. Extinción de dominio sobre activos de origen ilícito

1. Se incorpora al ordenamiento jurídico español la figura de la extinción de dominio, como acción civil, autónoma y de carácter real, dirigida contra los bienes cuyo origen ilícito haya quedado acreditado, con independencia de que se haya dictado sentencia penal firme y de la persona en cuya titularidad formal se encuentren.

2. La acción de extinción de dominio será imprescriptible cuando recaiga sobre bienes vinculados a delitos de corrupción cometidos por personas que ostenten o hayan ostentado la condición de autoridad, alto cargo o empleado público, así como sobre los bienes que se hallen en titularidad de sus parientes en línea ascendente y descendente hasta el segundo grado, cónyuge o pareja de hecho registrada, cuando concurran indicios objetivos de procedencia ilícita.

3. La carga de la prueba sobre el origen lícito de los bienes recaerá sobre el titular formal cuando concurran indicios objetivos suficientes de incompatibilidad entre el patrimonio acreditado y los ingresos lícitos del titular durante el periodo relevante.

4. La extinción de dominio podrá decretarse incluso cuando el delito principal hubiera prescrito o cuando el responsable hubiera fallecido, sin que ello implique en ningún caso pronunciamiento de culpabilidad penal.

5. Los bienes objeto de extinción se destinarán prioritariamente a la indemnización de las víctimas y a la reparación del erario público, y subsidiariamente al fondo público de protección al denunciante previsto en el artículo 22 de esta ley.

Artículo 21. Inhabilitación absoluta y perpetua

1. La condena en sentencia firme por cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 16 llevará aparejada, como pena accesoria preceptiva e inseparable de la pena principal, la inhabilitación absoluta y perpetua para:

a) El ejercicio de cualquier cargo público representativo, en cualquier nivel territorial, ya sea por elección directa o indirecta.

b) El desempeño de alto cargo o de cualquier puesto directivo en la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas, la Administración Local y las entidades del sector público.

c) La condición de empleado público de cualquier Administración, organismo o entidad del sector público.

d) La adjudicación, individual o como socio, administrador o titular real, de contratos del sector público y la condición de beneficiario de subvenciones, ayudas o transferencias con cargo a fondos públicos.

e) El ejercicio de cargo directivo, consejero o representante de partido político, organización sindical u organización empresarial perceptora de financiación pública.

2. La inhabilitación prevista en este artículo no admitirá rehabilitación ordinaria por el transcurso del tiempo. La rehabilitación excepcional solo podrá producirse mediante indulto particular específicamente motivado, otorgado conforme al artículo 17.3 de esta ley, y siempre con posterioridad a la restitución patrimonial íntegra prevista en el artículo 18.

3. La inhabilitación se inscribirá de oficio en el Registro Central de Personas Inhabilitadas, de consulta pública obligatoria, en un plazo no superior a cinco días desde la firmeza de la sentencia.

TÍTULO V. PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 22. Régimen reforzado de protección al denunciante

1. Se mantiene íntegramente el marco de protección al denunciante previsto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, con las siguientes adiciones:

a) La carga de la prueba en los procedimientos de represalia laboral se invierte de manera plena: corresponderá al empleador acreditar la inexistencia de relación entre la denuncia y la medida laboral adversa adoptada.

b) Las indemnizaciones por represalia incluirán, además del daño patrimonial, una indemnización por daño moral no inferior a la cuantía del daño patrimonial acreditado.

c) Se establece un fondo público de protección al denunciante para anticipar costas procesales y sufragar asistencia letrada especializada.

Artículo 23. Incentivos económicos a la denuncia legítima

1. Cuando una denuncia de hechos de corrupción dé lugar a la recuperación efectiva de fondos públicos por parte del erario, el denunciante tendrá derecho a percibir una recompensa equivalente al cinco por ciento del importe efectivamente recuperado, con un máximo de un millón de euros.

2. La recompensa será incompatible con la condición de autor, cómplice o encubridor de los hechos denunciados, y se reducirá proporcionalmente cuando el denunciante hubiera tenido participación accesoria en los hechos.

3. El régimen de incentivos no será aplicable a empleados públicos cuando la denuncia se refiera a hechos cuyo conocimiento les venga impuesto por sus deberes funcionales, sin perjuicio de las medidas de protección que les correspondan.

Artículo 24. Acción popular reforzada en materia de corrupción

1. La acción popular en delitos de corrupción se ejercerá conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las siguientes especialidades:

a) No se exigirá fianza a las asociaciones legalmente constituidas con finalidad estatutaria de lucha contra la corrupción y antigüedad mínima de tres años.

b) El sobreseimiento provisional o el archivo de la causa no podrá fundarse exclusivamente en la falta de personación del Ministerio Fiscal cuando se hubiera personado válidamente el acusador popular.

c) Las costas procesales en caso de absolución del investigado no se impondrán al acusador popular cuando hubiera actuado con causa fundada.

III. DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Cooperación internacional

El Gobierno de España promoverá, en el ámbito de la Unión Europea y de la Organización de Estados Iberoamericanos, instrumentos de cooperación específica para la lucha contra la corrupción transnacional, con especial atención al intercambio de información tributaria, el seguimiento de activos de origen ilícito y la extradición de personas condenadas por delitos de corrupción.

Disposición adicional segunda. Cooperación bilateral hispano-argentina

Se promoverá la suscripción de un convenio bilateral con la República Argentina para el intercambio de información sobre activos patrimoniales de personas con doble nacionalidad, residencia o intereses económicos en ambos Estados, cuando concurran indicios de origen ilícito vinculado a la actividad pública.

Disposición adicional tercera. Memoria anual

La AIIP elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria de cumplimiento de la presente ley, con datos cuantitativos y cualitativos sobre transparencia activa, denuncias recibidas, sanciones impuestas y recuperación de fondos públicos.

Disposición adicional cuarta. Análisis de impacto presupuestario

La aplicación de la presente ley no podrá suponer en ningún caso aumento neto del gasto público estructural. La creación de la AIIP se financiará mediante la integración de los créditos correspondientes a los organismos cuyas funciones se subsumen en ella, sin perjuicio del refuerzo material y personal necesario, financiado mediante reasignación interna de partidas existentes.

IV. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Procedimientos en tramitación

Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley continuarán tramitándose conforme a la normativa vigente en el momento de su iniciación. Las obligaciones de transparencia activa serán exigibles desde la entrada en vigor de la ley.

Disposición transitoria segunda. Plazos de adaptación tecnológica

Las Administraciones Públicas dispondrán de un plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley para la adaptación de sus sistemas técnicos al Portal Único de Trazabilidad Fiscal. Transcurrido este plazo, el incumplimiento generará las consecuencias sancionadoras previstas en el Título I.

Disposición transitoria tercera. Cargos en ejercicio

Las personas que en la fecha de entrada en vigor de esta ley se encuentren ejerciendo cargos públicos y se vieran afectadas por las nuevas causas de Ficha Limpia, dispondrán de un plazo de noventa días para regularizar su situación o, en su defecto, cesar en el ejercicio del cargo.

V. DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley orgánica. En particular, se modifican los artículos expresamente identificados de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre; la Ley 2/2023, de 20 de febrero; la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; la Ley 5/2006, de 10 de abril; y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, conforme al detalle del articulado.

VI. DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Carácter de ley orgánica

Tienen carácter de ley orgánica los preceptos de la presente ley que afectan a derechos fundamentales, al ejercicio de la función jurisdiccional, a la organización de los Tribunales y a las modificaciones del Código Penal. El resto de las disposiciones tienen carácter de ley ordinaria.

Disposición final segunda. Habilitación normativa

Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley, en el plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

La presente ley orgánica entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

EPÍLOGO DEL AUTOR

Este proyecto de ley no resolverá por sí solo el problema de la corrupción. Ningún texto jurídico, por riguroso que sea, puede sustituir la voluntad política de aplicarlo ni la vigilancia ciudadana sostenida de su cumplimiento. Lo que sí puede hacer una buena ley es modificar los incentivos institucionales para que la corrupción resulte estructuralmente más difícil, más detectable y más costosa para quien la comete.

El espíritu minarquista que vertebra este texto no es un capricho ideológico. Es la constatación empírica de que los países menos corruptos del mundo —Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda— combinan tres rasgos institucionales: Estados pequeños en relación con su PIB pero fuertes en sus funciones esenciales, transparencia institucional radical, y separación rigurosa entre el poder político y la actividad económica. España y Argentina pueden incorporar gradualmente estos rasgos sin renunciar a los logros del Estado social que sus ciudadanos legítimamente valoran. La sanidad pública española no se financia mejor reduciendo la transparencia ni ampliando la discrecionalidad: se financia mejor cerrando las grietas por las que se escapan los recursos.

El ciudadano español que paga sus impuestos y espera 173 días para una operación en Andalucía o 142 días en Cataluña tiene derecho a saber por qué su contribución no se traduce íntegramente en la prestación que esperaba recibir. Y el Estado tiene la obligación de demostrarle, con datos verificables y trazables, que cada euro recaudado ha sido utilizado para los fines declarados. Cuando esa obligación se cumple, la legitimidad fiscal se sostiene; cuando no se cumple, se erosiona, y con ella se erosiona el propio contrato social.

La frase libertaria clásica afirma que los impuestos son un robo. Su autor original, Frank Chodorov, escribía en un contexto institucional muy distinto al actual. Hoy, una formulación más precisa sería: los impuestos no son un robo, pero su uso opaco o corrupto sí lo es. La diferencia no es retórica: es la diferencia entre un Estado legítimo y un Estado capturado.

Este proyecto de ley aspira, en última instancia, a reforzar la primera categoría y a hacer cada vez más difícil la segunda.

* * *

Madrid – Buenos Aires, mayo de 2026

FUENTES CONSULTADAS

Datos cuantitativos:

• Transparency International, Índice de Percepción de la Corrupción 2025, publicado el 10 de febrero de 2026 (transparency.org y transparencia.org.es).

• Ministerio de Sanidad del Reino de España, Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud — Indicadores Resumen y por Comunidades Autónomas, diciembre 2025 (sanidad.gob.es).

• Consejo General del Poder Judicial, Repositorio de Datos sobre Procesos por Corrupción, datos del segundo y tercer trimestre de 2025 (poderjudicial.es).

Marco normativo:

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE).

• Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (BOE).

• Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (eur-lex.europa.eu).

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE).

Doctrina:

• Buchanan, J. M. y Tullock, G., The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, 1962.

• Hayek, F. A., The Road to Serfdom, 1944; The Constitution of Liberty, 1960.

• Nozick, R., Anarchy, State, and Utopia, 1974.

• Mises, L. von, Bureaucracy, 1944.