Partidos políticos y democracia. Pequeña reflexión sobre el acceso democrático en tiempos de cólera

"Cada partido político deberá financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios". Suena muy lindo. En efecto, suena ideal. Pero todo tiene siempre su contrapartida. Así como el sistema que tenemos no es perfecto, tampoco es muy sensato pensar que cualquier que lo reemplace lo sea.

La pregunta es clara y concisa: Realmente comprendemos el trasfondo sobre la posibilidad de que el estado no financie a los partidos políticos que compiten por el gobierno. A priori, parece una medida casi ejemplar. La batalla contra la casta y otro de sus negociados. Una sistematización casi perfecta del que se vayan todos, pero si se van todos, o mejor dicho, cuando se vayan todos (Si es que en efecto sucede algo semejante) ¿quién viene? Porque si hay algo de lo que estamos seguros es que no quiere decir que todos los partidos políticos ahora van a tener el mismo punto de partida. No seamos ingenuos.

Existen cuestionamientos de sobra acerca del manejo de los fondos públicos para este y tantos otros temas. La instrumentalización ideológica del dinero público no es nueva. Se hace en política desde años, y ésta, como otras medidas anunciadas por Milei son parte de eso aunque quiera hacerlas pasar como antipolítica. Aquí, la consecuencia es otra: Si el estado no aporta a la financiación de partidos políticos, quién va a hacer política dentro de una estructura que a pesar de contar hoy con esa financiación tiene que salir a recolectar dinero por fuera para poder costear una campaña política. La respuesta es lógica: Los que puedan pagarla.

Así caemos en otro dilema un poco más engorroso. Si solo los que pueden costear una campaña política tendrán acceso a competir en elecciones, como van a primar los intereses de la mayoría que muchas veces van en desmedro de otros intereses por encima. Es decir, el sistema queda a merced de quien tenga dinero y quiera financiar la política*. Pero esa financiación no será gratis. Y si no será financiación gratis, a cambio de qué se dará esa financiación. Podemos seguir, pero creo que queda claro ya a esta altura. La medida sería, por defecto, un déficit democrático bastante considerable y un acto político profundamente perverso.

Los únicos que pueden defender sus intereses son los que tienen acceso al poder y con medidas como esta, y más allá de las expresiones gubernamentales que tuvimos en los últimos años, lo único que se logra es restringir aún más esa posibilidad en una democracia que no aboga por la inserción de la heterogeneidad de la sociedad civil. Más allá, incluso, de poder ser críticos de cómo se hace uso de los fondos públicos (debate que siempre hay que tener) capitalizar el hartazgo de la corrupción en la política y decir que la solución es menos política es un error de base que de ser efectiva nos dará partidos políticos que carecen totalmente de contenido ideológico y político (cosa que se ve bastante también en estos momentos) para volverse marionetas de las organizaciones, empresas y/o individuos que los patrocinen.

*Aquí hay una salvedad que hacer. Hay que tener en cuenta que dentro de las reglas, hoy en día, también existen argumentos para sostener que, a pesar de que la instrumentalización es diferente a la que se quiere instaurar, las conclusiones son similares. Esto pasa, la política requiere de dinero, y el estado no financia la totalidad de la campaña. El problema es que lo que se plantea ahora es institucionalizar algo que hoy, por lo menos a modo jurídico, no es legal.