Paises mejores

Países mejores

Notas de un argentino sobre la monarquía, la república y la libertad de elección

El 22 de abril de 2026, en la sesión de control del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez contestó a una diputada de Junts con una frase que hubiera pasado por lapsus si no la hubiera repetido acto seguido: “Este Gobierno va a hacer a Cataluña y España países mejores, sí países mejores”. El presidente del Gobierno español llamó “países”, en plural, a Cataluña y a España. No fue un desliz. Un año antes, en el Círculo de Economía de Barcelona, ya había dicho que ambas eran “sociedades” y “países extraordinarios”. Lo que un jefe de Estado federal diría de un lánder alemán o un cantón suizo, el presidente del Gobierno de una nación constitucionalmente proclamada como “indisoluble” lo dice de una de sus comunidades autónomas. Y lo más llamativo es que ni PP ni Vox se lo reprocharon en la misma sesión. El país ya se acostumbró.

La frase de Sánchez funciona como síntoma, no como anomalía. Revela que bajo el ropaje de la Constitución del 78 conviven en España dos preguntas nunca resueltas, dos heridas institucionales que ningún gobierno ha tenido el coraje de cerrar con las únicas herramientas con que se cierran preguntas en democracia: el debate abierto y la urna. La primera, si España debe seguir siendo una monarquía. La segunda, qué hacer con los territorios que —una parte de sus habitantes, al menos— no se sienten representados por el Estado común. Y porque esas preguntas están cerradas por decreto constitucional, la disconformidad no desaparece: se filtra por donde puede. Por un silbido en un estadio. Por una estelada en un balcón. Por una frase ambigua de un presidente que, con tal de mantener a sus socios en el Congreso, deja caer que Cataluña es un “país” distinto. Este ensayo trata, precisamente, de esas dos preguntas cerradas.

El sábado 18 de abril de 2026, en el estadio de La Cartuja de Sevilla, sonó el himno de España antes de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El rey Felipe VI estaba en el palco. Y una parte del estadio silbó. No fue un silbido aislado, ni el gesto de un grupo marginal en una tribuna lejana: fue una pitada sonora, organizada, que dividió al estadio en dos mitades. De un lado, aficionados del Atlético cantando el himno y desplegando una bandera española gigante. Del otro, hinchas de la Real Sociedad silbando y ondeando ikurriñas. En el medio, el jefe del Estado escuchando todo desde el palco, junto al presidente de la Junta de Andalucía.

Para un argentino, la escena resulta casi incomprensible. No porque uno no entienda que existan nacionalismos periféricos ni tensiones territoriales —las hay en todo Estado compuesto—, sino porque la idea misma de silbar el himno propio, y hacerlo frente al jefe del Estado sin que se derrumbe nada, es una imagen que en Argentina no se puede reproducir. En el Monumental, en la Bombonera, en cualquier cancha argentina, el himno es de las pocas cosas que todavía une antes del insulto. Y el presidente, del signo que sea, no suele recibir silbidos institucionales en actos oficiales sin generar una crisis.

Lo que me asombra, entonces, no es la existencia del desacuerdo político. Es la mezcla: una monarquía hereditaria como jefatura de Estado, un himno que una parte significativa de la ciudadanía no reconoce como propio, y la convivencia forzada de ambas cosas en un acto institucional. El silbido no es, a mi juicio, un acto de mala educación ni un ataque a España. Es la expresión —tosca, futbolera, pero inequívoca— de algo más hondo: que una parte del país no eligió esa jefatura, no la puede cambiar por el voto, y no tiene otro canal para expresar su disconformidad salvo abuchear cada vez que la televisión muestra al rey en el palco.

I. 1931: cuando España se acostó monárquica y se levantó republicana

Conviene recordar que España ha sido república. No una vez, dos. Y la segunda, la de 1931, no nació de un golpe ni de una guerra: nació de unas elecciones municipales. El 12 de abril de 1931, convocadas por el gobierno del almirante Aznar como un plebiscito indirecto sobre la monarquía, los republicanos ganaron en cuarenta y una capitales de provincia, triplicaron a los monárquicos en Madrid y los cuadruplicaron en Barcelona. Dos días después, el rey Alfonso XIII salía camino al exilio. Es el propio Aznar quien deja la frase que retrata todo: "España se acostó monárquica y se levantó republicana".

No hace falta romantizar la Segunda República —tuvo su primer bienio reformista, su bienio radical-cedista, su Frente Popular, y terminó arrastrada por el golpe militar de 1936 y la Guerra Civil— para reconocer una cosa: que en 1931 el pueblo español, puesto frente a una urna y preguntado de hecho si quería monarquía o república, eligió república. Esa elección existió. Se desplegaron banderas tricolores en todos los ayuntamientos del país en cuarenta y ocho horas. Y fue aplastada primero por la guerra, después por cuarenta años de dictadura franquista.

II. 1978: la Constitución que nadie votó como monarquía

Cuando Franco muere en noviembre de 1975 y Juan Carlos I jura las Leyes Fundamentales del Reino, España inicia una transición que la historiografía suele describir como ejemplar. Y lo fue en muchos aspectos: se legalizaron partidos, se celebraron elecciones libres, se aprobó en referéndum la Constitución de 1978 que convirtió a España en una monarquía parlamentaria con un rey de poderes simbólicos. Pero hay un detalle que el relato oficial suele pasar por alto, y que un republicano español puede señalar con razón: en ningún momento de la transición se convocó un plebiscito específico sobre la forma de Estado. La pregunta que en 1931 se había formulado abiertamente —¿monarquía o república?—, en 1978 vino empaquetada dentro de un sí o no global a la Constitución. El Partido Comunista y el PSOE, como parte del pacto, renunciaron a la forma republicana a cambio de que los poderes del rey fueran prácticamente nulos.

Dicho de otra manera: los españoles votaron una Constitución que incluía la monarquía, pero no votaron la monarquía en sí. Es una distinción jurídica pequeña y políticamente enorme. Porque el resultado es que, casi medio siglo después, quien no se identifica con esa jefatura de Estado —por razones históricas, nacionalistas, ideológicas o simplemente republicanas— no tiene un canal institucional para expresarlo. No puede votar contra ella. Solo puede silbarla.

III. El rey que se fue a Abu Dabi

La historia reciente de la Corona española no ayuda a la causa monárquica. Juan Carlos I, el mismo rey que los constitucionalistas defienden por su papel en el 23-F de 1981, terminó su reinado en un descrédito que habría sido imposible de imaginar en los años noventa. En abril de 2012, cuando España atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia, se supo que el rey se había fracturado la cadera cazando elefantes en Botsuana. Pidió perdón en televisión. Poco después trascendió que lo acompañaba en ese viaje Corinna Larsen, empresaria danesa con la que mantenía una relación extramatrimonial sostenida durante años. Y detrás de Corinna fueron apareciendo los cien millones de dólares depositados en Suiza, presuntamente donados por el rey de Arabia Saudí, y las sospechas de testaferros, cuentas opacas y comisiones por mediaciones que el rey emérito realizaba en nombre de España.

El yerno del rey, Iñaki Urdangarin, fue condenado en 2018 a casi seis años de cárcel por desvío de fondos públicos en el caso Nóos. La infanta Cristina se sentó en el banquillo. Juan Carlos abdicó en 2014 en favor de su hijo Felipe. Y en agosto de 2020 se fue, por iniciativa propia, a vivir a Abu Dabi, donde reside hasta hoy en una villa de lujo en una isla privada. Ninguna de las investigaciones abiertas contra él prosperó judicialmente: la Justicia española las archivó alegando prescripción y la inviolabilidad constitucional del monarca durante su reinado. Es decir: la misma Constitución que los ciudadanos no votaron específicamente en su capítulo monárquico blindó al rey frente a las causas penales. El pueblo paga, el rey es inviolable.

Es difícil, mirando esa secuencia, no preguntarse si una república ejemplar —con un jefe de Estado elegido, con mandato acotado, con responsabilidad penal plena— habría podido soportar escándalos de esa magnitud sin modificar nada. La respuesta, creo, es que no. Un presidente electo que hubiese aceptado cien millones de dólares de Arabia Saudí en una cuenta suiza habría ido a juicio político en minutos. El rey se fue a Abu Dabi, y el Estado español sigue financiando a la Casa Real.

IV. El argumento minarquista

Escribo esto desde una posición ideológica concreta, y conviene ser claro. No soy republicano en el sentido español del término —no milito por sustituir la Corona por un presidente de corte francés ni portugués—, pero soy minarquista. Creo en un Estado pequeño, limitado, eficiente, y en instituciones republicanas que garanticen la libertad de elección del ciudadano. Desde esa mirada, la monarquía tiene un problema de base que ninguna remodelación de poderes simbólicos resuelve: es hereditaria. Y ninguna institución hereditaria puede justificarse en un marco que tome en serio el principio de igualdad ante la ley y la soberanía del ciudadano. Si en el siglo XXI sostenemos, con razón, que nadie puede heredar una banca de senador, una cátedra universitaria o la presidencia de un país, no veo por qué la jefatura del Estado debería ser la excepción. El argumento del "poder simbólico" es precisamente el que revela el problema: si es solo simbólico, ¿para qué pagarlo? Y si no lo es, ¿por qué no someterlo a elección?

El nepotismo es el pecado original de toda monarquía. Se lo suele maquillar hablando de tradición, continuidad o estabilidad, pero el núcleo es el mismo: una familia tiene acceso privilegiado al cargo más alto del Estado por el solo hecho de haber nacido donde nació. Esa lógica, que hoy rechazamos en cualquier otro ámbito —no aceptamos jueces hereditarios, ni diputados hereditarios, ni ministros hereditarios—, la aceptamos en la cima del edificio institucional por costumbre, por inercia histórica, por el pacto del 78. Y la consecuencia práctica es que cuando esa familia falla, como falló Juan Carlos I, el sistema no tiene cómo corregirlo salvo empujando a la abdicación y blindando al ex monarca con la inviolabilidad.

Un minarquista defiende que el Estado exista, pero que sea chico y eficiente. Y una jefatura de Estado eficiente se mide por su capacidad de representar al conjunto sin privilegios personales, no por el lustre ceremonial de sus desfiles. Desde ese lado, la monarquía española no pasa el examen: es cara, es opaca en sus finanzas, y arrastra una dinastía con escándalos que ningún republicano se atrevería a inventar para atacarla. El problema no es Felipe VI —a quien incluso sus críticos reconocen un comportamiento personal intachable—. El problema es la institución que él encarna, que no depende de su virtud personal sino del azar genealógico.

V. Ikurriñas, esteladas y banderas gallegas: el otro silbido

Hay un detalle de la escena de La Cartuja que conviene no pasar por alto. Del lado que silba no solo ondean banderas de la Real Sociedad: ondean ikurriñas. Y cualquiera que haya seguido una final copera sabe que, cuando juega el Barça, ondean esteladas. Cuando el Celta o el Deportivo tienen un partido de resonancia nacional, aparece la bandera gallega con la franja celeste. El silbido al himno y a la Corona no ocurre en el vacío: ocurre dentro de un país donde la cuestión territorial sigue abierta cuarenta y ocho años después del pacto del 78. Y esa cuestión, tarde o temprano, hay que nombrarla.

Frente al problema de los nacionalismos periféricos, la izquierda española contemporánea ha ido deslizando una propuesta que conviene examinar con cuidado: la del Estado plurinacional. La idea, importada de las constituciones andinas de Bolivia (2009) y Ecuador (2008), consiste en reconocer oficialmente que dentro del Estado español conviven múltiples naciones —catalana, vasca, gallega, española— con rango jurídico diferenciado, autonomía reforzada, pluralismo jurídico y, en algunas versiones, derechos colectivos asimilables a los de pueblos originarios. En el papel suena como una forma elegante de reconocer la diversidad. En la práctica, es una trampa.

Desde una mirada minarquista, el Estado plurinacional choca de frente con los dos principios más elementales del liberalismo clásico: el individuo como sujeto único de derechos y la igualdad ante la ley. El plurinacionalismo dice lo contrario: el sujeto de derechos deja de ser el individuo y pasa a ser el colectivo —la “nación”, el “pueblo”, la “comunidad”—, y los derechos dependen de a qué colectivo pertenezcas. La ciudadanía deja de ser universal y se fragmenta en ciudadanías diferenciadas. La justicia ordinaria convive con justicias comunitarias que pueden entrar en contradicción con derechos fundamentales. El ordenamiento jurídico deja de ser uno y pasa a ser varios, solapados, a veces contradictorios. Es, literalmente, el opuesto filosófico del Estado mínimo que defiende esta tradición.

Para ver qué pasa cuando el plurinacionalismo se aplica, basta con mirar Bolivia. La Constitución plurinacional de 2009, impulsada por Evo Morales y el MAS, se presentó al mundo como una revolución democrática: reconocimiento de 36 naciones indígenas, pluralismo jurídico, autonomías territoriales, el indigenismo incorporado al corazón del Estado. Diez años después, el país estaba en llamas. En febrero de 2016, un referéndum constitucional preguntó a los bolivianos si aprobaban modificar la Constitución para que Morales pudiera postularse otra vez. El 51,3 % votó que no. Un año después, el Tribunal Constitucional Plurinacional —controlado por el oficialismo— dictó la sentencia 084/2017 que declaró la reelección indefinida como “derecho humano” y habilitó a Morales a presentarse en 2019 por encima del voto popular. El mismo Estado plurinacional que decía reconocer la soberanía del pueblo indígena desconoció la soberanía del pueblo boliviano expresada en las urnas. Eso, en cualquier definición seria del término, es un golpe judicial.

Las elecciones de octubre de 2019 terminaron peor. La auditoría de la OEA documentó manipulación informática del cómputo, alteración de actas, redirección de datos a servidores no autorizados y roturas deliberadas en la cadena de custodia. Morales renunció el 10 de noviembre y se exilió en México. La transición posterior, con Jeanine Áñez al frente, tampoco estuvo a la altura: hubo represión, muertos en Sacaba y Senkata, y Áñez terminaría ella misma condenada a diez años de prisión. El MAS volvió al poder con Luis Arce en 2020 y el ciclo de conflicto no se cerró: en los años siguientes el propio MAS se fracturó entre evistas y arcistas, con bloqueos recurrentes, choques entre facciones del oficialismo y una economía que perdió sus reservas internacionales a tal velocidad que la crisis del dólar se volvió estructural. Todo eso, bajo la misma Constitución plurinacional que decía haber refundado el país en 2009.

La lección boliviana es brutal y merece ser enunciada sin eufemismos. El plurinacionalismo no resolvió los conflictos étnicos: los instrumentalizó. No amplió la democracia: la usaron para concentrar poder. No protegió a las comunidades indígenas: el MAS las fracturó entre oficialistas y disidentes, y la justicia comunitaria terminó amparando prácticas violentas incompatibles con derechos humanos básicos. No produjo estabilidad institucional: produjo el debilitamiento sistemático del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral y del Poder Judicial, todos capturados sucesivamente por el aparato oficialista. Y no garantizó prosperidad: Bolivia arrastra hoy una de las crisis económicas más graves de las últimas décadas, con escasez de dólares, de combustibles y presión inflacionaria creciente. El plurinacionalismo boliviano es el manual de cómo un ropaje progresista y el lenguaje del reconocimiento identitario pueden legitimar un proceso clásico de concentración de poder. Que alguien en España proponga importar ese modelo, cuando lo que allí ha producido está documentado por la propia OEA y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es una mala idea abstracta: es una frivolidad política.

Pero rechazar el plurinacionalismo no equivale a negar el problema. Los conflictos territoriales españoles son reales: Cataluña, País Vasco, Galicia tienen tradiciones culturales, lingüísticas e históricas propias, y una parte significativa de sus poblaciones —variable según las épocas, pero siempre presente— querría decidir directamente su pertenencia política. El artículo 2 de la Constitución española, al proclamar la “indisoluble unidad de la Nación española” y cerrar cualquier puerta institucional a la pregunta, no protege esa unidad: la vuelve frágil. Convierte cada debate territorial en un choque existencial donde no hay salida pactada posible, solo victoria o derrota simbólica. Y ese cierre institucional es, en el fondo, el mismo problema que vimos con la monarquía: un país donde a los ciudadanos se les niega la pregunta fundamental sobre la forma de su Estado.

Cataluña, octubre de 2017, es la prueba empírica de adónde conduce ese cierre. El 1 de octubre, la Generalitat celebró un referéndum de independencia que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal. Votó el 43 % del censo, con un proceso lleno de irregularidades reconocidas: censo universal improvisado, papeletas caseras, urnas sin precintar, ausencia de interventores del lado contrario. El 90 % de los votos emitidos fue por el Sí, pero —y este es el dato decisivo— eso representó apenas el 37,8 % del censo total. Menos de cuatro de cada diez catalanes con derecho a voto apoyaron activamente la independencia en un proceso sin garantías. Con ese resultado, el Parlament declaró la independencia el 27 de octubre. Madrid respondió aplicando el artículo 155. Puigdemont se fugó a Bélgica, otros líderes fueron detenidos y condenados. Entre octubre de 2017 y finales de 2020, más de 7.000 empresas trasladaron su sede social desde Cataluña a otras comunidades autónomas. El conflicto quedó fracturado socialmente, enquistado políticamente y sin resolución institucional. Todos perdieron.

La respuesta minarquista a todo esto no es el plurinacionalismo colectivista, pero tampoco es el atrincheramiento del artículo 2. Es algo que la tradición liberal clásica defendió con claridad hace más de un siglo y que varios Estados democráticos contemporáneos ya aplican: el derecho de secesión reglado. Es decir, el reconocimiento jurídico de que un territorio puede separarse del Estado al que pertenece, siempre que cumpla con un procedimiento pactado previamente, con candados fuertes y costos explícitos. No es una concesión graciosa del poder central ni un acto unilateral del territorio: es un derecho con reglas.

Un procedimiento serio incluye varios filtros. Pregunta clara acordada entre las partes y validada por el Tribunal Constitucional. Participación mínima exigida —pongamos el 60 % del censo— para que el resultado sea vinculante. Mayoría cualificada del Sí —no el 50 % más uno, sino el 55 % o el 60 % de los votos válidos— que obligue a un apoyo sostenido y no circunstancial. Un período de negociación obligatoria de varios años sobre deuda pública, bienes comunes, ciudadanía, pensiones, permanencia en la Unión Europea, moneda, ejército. Y un segundo referéndum de ratificación una vez cerradas esas negociaciones, para que el territorio decida sobre la independencia real y no sobre la abstracta. Todos estos candados tienen el mismo objetivo: que la decisión sea deliberada, informada y costosa, no un arrebato emocional.

Los casos reales están ahí. Canadá lo tiene, de facto, desde el referéndum de Quebec de 1995 y la Clarity Act de 2000: la federación solo negociaría la secesión si la pregunta y la mayoría fueran claras. El Reino Unido lo aplicó con Escocia en 2014, mediante el Acuerdo de Edimburgo: los escoceses pudieron votar, y el No ganó 55-45. Checoslovaquia se disolvió pacíficamente en 1993 mediante un procedimiento acordado, el famoso “divorcio de terciopelo”. Ninguno de esos Estados se rompió. Al contrario: canalizaron el conflicto por vías institucionales en lugar de empujarlo a la calle, a la prohibición y al tribunal penal.

Imaginemos el 1-O catalán bajo esas reglas. Con una participación del 43 % del censo, el proceso no hubiera alcanzado ni el umbral mínimo de validez. Con un apoyo efectivo del 37,8 % del censo, no hubiera habido forma de declarar nada. Y si, en una hipótesis distinta, el independentismo hubiera logrado la participación y la mayoría cualificadas, se habría visto obligado a negociar durante años —y a explicarle al electorado— qué pasa con la deuda catalana, con las pensiones, con la salida automática de la Unión Europea, con el euro, con los funcionarios, con las 7.000 empresas que se fueron. El independentismo catalán vive, en buena medida, de la fantasía de que la independencia es gratis. Un proceso reglado obligaría a pagar el precio político de contar la verdad. Y, como muestra el caso escocés, lo más probable es que perdiera limpiamente por segunda vez. Lo paradójico, entonces, es que reformar el artículo 2 para admitir un derecho de secesión con candados fuertes sería más unionista en la práctica que el modelo actual, porque obligaría al independentismo a competir en el terreno de la verdad, no de la épica.

Esta posición no la invento yo. Tiene una genealogía liberal clásica que conviene recordar, porque el sentido común actual suele asociar el derecho de secesión con la izquierda identitaria, cuando en realidad nace en el pensamiento liberal individualista. Thomas Jefferson lo defendió en varias cartas y discursos como corolario lógico del consentimiento de los gobernados: si el Estado se legitima por el consentimiento, retirar ese consentimiento debe ser posible. Ludwig von Mises lo formuló de manera aún más radical en su Liberalismo, de 1927: el derecho de autodeterminación, escribió, debería extenderse idealmente hasta la aldea individual, y si fuera técnicamente posible, hasta la persona. Como eso último es impracticable, la solución institucional razonable es permitir que las unidades territoriales decidan, con reglas claras, con qué Estado quieren estar. En la tradición liberal contemporánea, Jesús Huerta de Soto y Juan Ramón Rallo han recuperado esa línea y la han aplicado a la España actual con argumentos coincidentes: la unidad nacional impuesta contra la voluntad sostenida de una parte del territorio es incompatible con un orden jurídico basado en el individuo libre.

El paralelismo con la cuestión monárquica es exacto. En ambos casos, la Constitución del 78 cerró una pregunta fundamental sin consultarla. En ambos casos, el cierre institucional no eliminó la disconformidad: la empujó a canales informales —el silbido en La Cartuja, la estelada en el Camp Nou, la declaración unilateral del Parlament, y ahora la frase deliberada de un presidente del Gobierno que, en plena sesión parlamentaria, llama “países” en plural a Cataluña y a España—. Y en ambos casos, la salida minarquista es la misma: abrir la pregunta, reglarla con candados serios, y aceptar el resultado. Si España quiere ser un Estado moderno, no puede seguir gobernándose con dos grandes preguntas cerradas por decreto constitucional. Ni la forma de Estado ni la permanencia de los territorios pueden seguir siendo cuestiones prohibidas de las que se habla por elipsis y entrelíneas en una réplica parlamentaria. Si Sánchez considera que Cataluña y España son “países”, que lo diga con todas las letras y convoque una consulta reglada. Y si cree que son una sola nación, que defienda el artículo 2 sin ambigüedades. Lo que no funciona —lo que no puede funcionar— es seguir insinuando preguntas sin nunca formularlas. La democracia liberal no tiene miedo a las preguntas. Tiene instituciones para responderlas.

VI. El silbido como voto

Vuelvo a La Cartuja. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, anunció que propondrá a la Federación Española sanciones para acabar con los silbidos al himno. Argumenta que pitar el himno "no es libertad de expresión" y que hay que terminar con esa escena que se repite en cada final copera. Con todo respeto: se equivoca. Precisamente porque no hay un mecanismo institucional para que la parte del país que no se siente representada por la monarquía pueda votar en contra de ella, el silbido cumple una función política. Es un voto informal, tosco, ruidoso, pero voto al fin. Prohibirlo o sancionarlo no va a hacer que desaparezca la disconformidad: solo va a esconder la única forma en que esa disconformidad logra atravesar el cordón institucional.

La salida no es multar a los hinchas de la Real Sociedad. La salida, si España quisiera tomarse en serio el principio de soberanía popular que su propia Constitución proclama en el artículo primero, sería convocar un referéndum específico sobre la forma de Estado. Uno limpio, con debate previo, sin empaquetarlo dentro de ningún otro paquete normativo. Y aceptar el resultado, sea cual sea. Si los españoles, consultados directamente, confirman que quieren monarquía, la Corona saldrá reforzada como nunca en su historia reciente y las pitadas perderán sentido. Si eligen república, que se haga la transición con orden, como se hizo la del 78 al revés.

Lo que no parece sostenible es la situación actual: una jefatura de Estado que ningún ciudadano vivo eligió, que absorbe fondos públicos, que arrastra un capítulo reciente de corrupción sin condena, y cuya única respuesta a la disconformidad ciudadana es pedir que sancionen a quienes silban. Eso, desde cualquier mirada republicana —sea de izquierdas, de derechas, minarquista o institucionalista clásica—, es indefendible.

Coda argentina

Termino donde empecé. Para un argentino, la escena de La Cartuja es impensable porque en Argentina, con todos sus desastres económicos, sus defaults, sus escándalos de corrupción y su inflación endémica, nunca estuvo en discusión la forma republicana del gobierno. Ningún presidente argentino ha recibido por nacimiento lo que recibió Juan Carlos I por nacimiento. Los presidentes llegan, gobiernan, se van, los votamos o los rechazamos. Los insultamos también, por supuesto. Pero al Estado argentino lo insultamos por lo que hace, no por quién es.

Y cuando veo que una parte de España silba su himno en presencia de su rey, no veo un insulto a España. Veo gente que quiere república, que no la puede votar, y que usa el único micrófono que le queda abierto: el de la tribuna. El día que España convoque ese referéndum, esos silbidos se van a apagar solos. Los reemplazará una urna. Y entonces se sabrá de verdad qué quiere el pueblo español. Hasta ese día, el himno va a seguir sonando en La Cartuja entre ovaciones de un lado y pitadas del otro, mientras el jefe del Estado escucha desde el palco una pregunta que su propio cargo le impide responder.

Ignacio Uriel Galetto Rodríguez