Las islas del sur

Malvinas: el mérito del diagnóstico, el error de la arquitectura

Sobre la propuesta de soberanía compartida de Alejandro Diego y una alternativa desde la matriz del Estado limitado

I. Una idea incómoda que conviene tomar en serio

El 17 de abril de 2026, en la 44ª Falklands/Malvinas Conflict Conference de la Universidad de Manchester, un veterano argentino llamado Alejandro Diego —ex marinero de la Armada durante el conflicto de 1982— expuso por video una propuesta que en Buenos Aires pasó casi inadvertida hasta que Infobae la levantó un mes después. Pocos días antes de su intervención, la filtración del memorando del Pentágono atribuido a Elbridge Colby había reavivado las tensiones entre Argentina y el Reino Unido por el Atlántico Sur. El timing, por casualidad o por instinto, fue notable.

La propuesta de Diego se puede resumir en cinco puntos: las islas adoptarían el estatus de provincia autónoma con representación parlamentaria simultánea en Buenos Aires y Londres; defensa y relaciones exteriores quedarían bajo coadministración bilateral; Estados Unidos actuaría como mediador y garante, con eventual acceso operativo a la base de Mount Pleasant; cualquier acuerdo respetaría las propiedades, intereses y modo de vida de los habitantes; y el horizonte para concretar todo esto sería de cinco años. Diego sostiene haberle transmitido la idea al presidente Javier Milei, de quien se declara amigo personal.

La reacción inmediata del lector argentino formado en la liturgia soberanista es previsible: rechazo. "Las Malvinas son argentinas" no admite verbos como "compartir". Pero ese reflejo, por comprensible que sea, es exactamente lo que la propuesta de Diego intenta poner en cuestión, y lo hace con una frase que merece ser citada antes que descartada: "en 193 años de buscar el todo, no tenemos nada". Para un análisis serio, ese punto de partida no es renunciable. Y para una matriz minarquista —que sospecha por principio de las consignas estatales que sustituyen resultados por retórica— el diagnóstico de Diego es, sencillamente, correcto.

Este ensayo se propone hacer dos cosas. Primero, reconocer con honestidad analítica lo que la propuesta de Diego acierta, sin la condescendencia paternalista con que suele tratarse a los excombatientes cuando piensan en voz alta. Y segundo, mostrar por qué la arquitectura institucional que propone —no el diagnóstico, no la intuición estratégica, sino el diseño concreto— es incompatible con los principios de Estado limitado y, sobre todo, inviable en la práctica. Al final, una contrapropuesta: lo que sí podría hacerse desde una concepción liberal-clásica para aprovechar la ventana diplomática real que se abre con Trump, sin renunciar a la coherencia institucional.

II. Tres aciertos que no hay que regalar

Antes de criticar, hay que conceder. El reflejo argentino frente a cualquier propuesta heterodoxa sobre Malvinas suele ser descalificarla en bloque, lo que termina protegiendo el statu quo que se dice combatir. Por eso conviene aislar con precisión qué es lo que Diego sí aporta.

Primero, el diagnóstico del fracaso maximalista. Durante casi dos siglos, Argentina sostuvo el reclamo bajo una premisa implícita: que la combinación de presión diplomática, aislamiento, sanciones económicas y memoria activa terminaría, tarde o temprano, por torcer la posición británica. Los hechos demuestran lo contrario. El Reino Unido no solo no ha cedido un milímetro institucional, sino que ha consolidado su posición: derecho de autodeterminación reconocido como principio rector, base militar plenamente operativa en Mount Pleasant, referendo de 2013 con 99,8% por la permanencia bajo soberanía británica, y un vínculo económico con los isleños que los integra crecientemente al circuito atlántico anglosajón. La frase de Diego no es retórica: en 193 años de buscar el todo, no tenemos nada. Esto es Public Choice elemental aplicado a la política exterior: cuando los incentivos electorales premian la consigna por sobre el resultado, los políticos racionalmente prefieren la postura performativa al acuerdo costoso. La causa Malvinas, en su versión maximalista, opera como un bien posicional barato para la dirigencia y caro para el país.

Segundo, el reconocimiento del isleño como sujeto, no como obstáculo. Diego nota algo que la tradición discursiva argentina suele evitar: "ellos nos dicen 'no trust', no hay confianza". Durante décadas, el relato oficial trató a los kelpers como "población implantada", una categoría que los despoja de su condición de sujetos de derechos para reducirlos a accidentes geográficos. Esta operación es éticamente indefensible desde cualquier concepción liberal seria. Los individuos que habitan un territorio, sin importar la historia de cómo llegaron sus antepasados, son sujetos cuyas propiedades, libertades y proyecto de vida preceden a cualquier acuerdo entre Estados. Diego rompe con esa lógica al admitir que cualquier solución debe partir del consentimiento isleño. Es, paradójicamente, una posición más liberal que la del soberanismo dominante.

Tercero, la lectura del momento. "Políticamente, es el momento. Milei es amigo de Trump y EE.UU. está enfrentado con Inglaterra. Creo que Estados Unidos va a presionar para que el Atlántico Sur sea de Occidente para evitar un avance de China". Esto es análisis estratégico, no voluntarismo. La filtración del memo Colby, la lógica de contención frente a Beijing, el precedente Chagos —donde Washington efectivamente presionó a Londres para una resolución que privilegiaba intereses geopolíticos estadounidenses por sobre el statu quo colonial británico—, todo apunta a que existe, en efecto, una ventana diplomática que no estaba abierta hace cinco años y que podría volver a cerrarse en cinco más. Ignorar esa ventana por purismo soberanista sería una segunda forma de fracaso, esta vez por omisión.

Sobre estos tres aciertos, cualquier crítica seria a la propuesta debe construirse. Lo contrario es polemizar con una caricatura.

III. Cuatro objeciones de fondo

Concedido el diagnóstico, queda el diseño. Y aquí la propuesta de Diego, vista con lupa institucional, tiene problemas estructurales que no pueden pasarse por alto.

Primera objeción: la soberanía compartida no es una solución, es un problema más sofisticado. El esquema propuesto —provincia autónoma simultáneamente argentina y británica, con representación parlamentaria en ambos congresos, defensa y exterior coadministrados, e integración al Mercosur— configura lo que en la teoría jurídica clásica se conoce como condominio: un territorio bajo doble soberanía. La experiencia histórica de los condominios es uniformemente mala. El caso paradigmático es el de las Nuevas Hébridas, administradas conjuntamente por Francia y el Reino Unido entre 1906 y 1980. Durante 74 años, el archipiélago tuvo dos administraciones paralelas, dos sistemas legales, dos monedas, dos sistemas escolares, dos servicios postales. El resultado no fue cooperación armónica sino lo que los propios habitantes llamaron Pandemonium: incertidumbre jurídica permanente, doble imposición, parálisis administrativa y, finalmente, descolonización abrupta en 1980 con la independencia de Vanuatu. Otros precedentes —Andorra hasta 1993, el condominio sobre la Isla de los Faisanes, el Sudán anglo-egipcio— confirman el patrón: la doble soberanía multiplica jurisdicciones sin resolver la cuestión de fondo.

Para un minarquista, esto es especialmente grave. El principio liberal-clásico exige claridad sobre quién protege los derechos individuales, bajo qué marco legal, ante qué tribunal. Un isleño que sufre una expropiación, ¿demanda en Buenos Aires o en Londres? Un comerciante que enfrenta un litigio comercial, ¿bajo qué código contrata? Un residente que paga impuestos, ¿a qué soberano? Estas no son cuestiones técnicas resolubles con un buen redactado constitucional: son preguntas estructurales que en todos los casos históricos terminaron en disfunción.

Segunda objeción: Mount Pleasant y la lógica del rent-seeking geopolítico. Diego sugiere que Estados Unidos podría obtener acceso operativo a la base militar de Mount Pleasant como parte del acuerdo. La idea tiene lógica estratégica: alinea el Atlántico Sur con Occidente, contiene la expansión china en la región y le da a Washington una contrapartida tangible por presionar a Londres. Pero institucionaliza algo que un esquema minarquista debería rechazar: la presencia militar extranjera permanente como moneda de cambio. La pregunta incómoda es directa: ¿se está recuperando soberanía o se está alquilando un activo geoestratégico a cambio de un papel donde dice "soberanía"? El precedente Chagos es ilustrativo. Aunque Mauricio recuperó la soberanía nominal sobre el archipiélago, la base de Diego García —operada por Estados Unidos bajo arriendo británico— permanece bajo control efectivo angloamericano por un período renovable. La soberanía formal no se traduce en control efectivo cuando hay una base extranjera de por medio.

Tercera objeción: el Mercosur como ancla, no como impulso. Diego propone que las islas se integren al Mercosur. Esto es, desde una óptica liberal, francamente regresivo. El Mercosur es un bloque comercial proteccionista, disfuncional en su política arancelaria común, atravesado por décadas de incumplimientos y vetos cruzados, y manifiestamente incompatible con la agenda de apertura económica que la propia Argentina intenta consolidar. Si el objetivo es atraer a los isleños mediante prosperidad y libertad económica, integrarlos al Mercosur ofrece exactamente lo contrario: barreras arancelarias hacia su socio comercial natural (el Reino Unido), aranceles externos comunes que encarecen importaciones, regulaciones aduaneras bizantinas, y un horizonte de instituciones débiles. Sería pedirle a los kelpers que cambien su pertenencia a Occidente desarrollado por una integración a un bloque que el propio gobierno argentino reconoce como obstáculo. No hay forma de vender eso como progreso.

Cuarta objeción: la propuesta ya recibió, en Manchester, el rechazo que recibirá en cualquier ámbito británico. En la propia conferencia donde se expuso, Richard Hyslop —representante de las islas en Reino Unido y Europa— y otros asistentes rechazaron la propuesta reafirmando el derecho a la autodeterminación. Este punto es estructural, no anecdótico. Cualquier esquema que no parta del consentimiento explícito de los isleños es inejecutable: violenta el principio liberal básico de soberanía individual y, más prosaicamente, no tiene cómo aprobarse en un sistema parlamentario británico donde la cuestión Malvinas tiene consenso transversal. La propuesta de Diego, en su diseño actual, asume un consentimiento que ningún dato empírico respalda. El referendo de 2013 arrojó 99,8% por la permanencia bajo soberanía británica; pretender que en cinco años eso se invierta es voluntarismo, no estrategia.

IV. El núcleo del desacuerdo: confundir bandera con instituciones

Las cuatro objeciones anteriores convergen en un problema más profundo, que merece tratarse como cuestión de principios y no solo de diseño.

La propuesta de Diego asume implícitamente que Malvinas es un problema de banderas —cuántas flameen, en qué orden, sobre qué edificios— cuando en realidad es un problema de instituciones. Lo que separa hoy a un argentino de un isleño no es fundamentalmente un símbolo, sino un conjunto: seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, moneda estable, sistema judicial predecible, tributación moderada, regulación acotada, libertad económica efectiva. El isleño no le tiene desconfianza a la bandera celeste y blanca: le tiene desconfianza al sistema institucional al que esa bandera, durante décadas, estuvo asociada. Y esa desconfianza es perfectamente racional.

Desde una matriz minarquista, esto cambia radicalmente la pregunta política. No es "¿cómo logramos que la bandera argentina flamee en Puerto Stanley?". Es "¿cómo construimos una Argentina cuyas instituciones sean lo suficientemente atractivas como para que la integración con ella se vuelva, desde la perspectiva isleña, una mejora y no una pérdida?". La diferencia no es semántica. La primera pregunta admite atajos diplomáticos, ingenierías constitucionales, fórmulas creativas como la de Diego. La segunda exige algo mucho más exigente: reforma institucional profunda, sostenida y verificable.

El problema con los atajos es que no resuelven la causa de fondo. Una soberanía compartida sobre un territorio donde el lado argentino sigue ofreciendo inestabilidad institucional, inflación crónica, presión fiscal confiscatoria y un sistema judicial errático, será percibida por los isleños como exactamente lo que es: una invitación al deterioro. No hay coadministración que compense malos incentivos.

V. Una contrapropuesta: la senda larga, exigente y única

Si la arquitectura de Diego es inviable, ¿qué queda? La respuesta minarquista no es la resignación al statu quo —ese es el error en el que cayó la dirigencia argentina durante 193 años— sino una secuencia distinta de movimientos. Cinco, para ser preciso.

Primero, consolidación institucional doméstica como precondición no negociable. El reordenamiento fiscal, la desinflación sostenida, la apertura comercial, la reforma judicial, la simplificación regulatoria y la consolidación del Estado de Derecho no son solo políticas internas: son la base material de cualquier estrategia Malvinas viable. Mientras Argentina sea percibida como un país institucionalmente errático, ningún isleño votará jamás por integrarse, y ningún gobierno británico tendrá incentivos para negociar. La política exterior empieza en la política doméstica.

Segundo, transformar la causa Malvinas de reclamo en oferta. Esto significa abandonar el lenguaje del agravio y adoptar el de la propuesta de valor. ¿Qué puede ofrecer Argentina a los isleños que el Reino Unido no les ofrezca hoy? La respuesta no puede ser "una bandera". Tiene que ser: acceso a un mercado continental, tratamiento fiscal favorable, conectividad aérea y marítima ampliada, integración energética, cooperación científica y antártica, doble nacionalidad voluntaria sin renuncia a la británica, garantías constitucionales reforzadas sobre propiedad y autogobierno local. Una oferta, no un reclamo.

Tercero, aprovechar la ventana Trump-Colby sin malvenderla. La intuición de Diego sobre el momento geopolítico es correcta, pero su uso es errado. Estados Unidos no debe ser convocado como mediador para imponer un condominio que nadie quiere, sino como facilitador de un proceso largo en el que Argentina ofrezca contrapartidas estratégicas concretas: alineamiento en el Atlántico Sur frente a China, cooperación antártica, accesos logísticos, garantías sobre infraestructura crítica. La ventana Trump no es para cerrar un acuerdo apresurado en cinco años; es para empezar a construir, ahora, la arquitectura diplomática que en quince o veinte permita un acuerdo sustantivo.

Cuarto, diplomacia paciente con Londres en clave de intereses, no de principios. El error histórico argentino fue plantear Malvinas como cuestión de principio innegociable, lo que cerró toda conversación práctica. La alternativa minarquista es la opuesta: tratar la cuestión como un problema de intereses contrastables, donde Argentina puede ofrecer a Londres una salida elegante a un statu quo militar caro (Mount Pleasant cuesta cientos de millones de libras anuales), siempre que Argentina llegue a esa mesa con instituciones serias y propuestas concretas. Esto no significa renunciar al reclamo: significa convertirlo en algo gestionable.

Quinto y crucial: respetar la autodeterminación isleña sin renunciar al reclamo argentino. La fórmula liberal-clásica es compatible con sostener simultáneamente dos posiciones: que el reclamo argentino es histórica y jurídicamente legítimo, y que la modificación de cualquier estatus territorial requiere el consentimiento de quienes habitan el territorio. Esto no es contradicción: es coherencia con el principio de que la soberanía individual precede a la estatal. Argentina puede aspirar legítimamente a una integración futura, pero esa integración será voluntaria o no será.

VI. La frase de Diego que sí hay que honrar

Diego cierra su exposición con una frase que conviene tomar en serio, porque toca un nervio que ningún análisis institucional puede ignorar: "Mi sueño es que estén las tres banderas antes de que el último veterano muera".

Hay algo en esa frase que un análisis frío puede pasar por alto pero que tiene peso moral. Los veteranos enterraron amigos en esas islas. La urgencia que sienten no es retórica electoral: es biológica. Y un análisis minarquista honesto tiene que reconocer que esa urgencia, aunque no pueda definir el diseño institucional, sí debe condicionar el ritmo de la política exterior. No es lo mismo una negociación que se posterga por estrategia que una que se posterga por desidia. La diferencia es ética.

Pero honrar a los veteranos no significa adoptar un diseño institucional defectuoso para satisfacer un cronograma. Significa, más bien, asumir con seriedad la tarea que ellos legitimaron con su sacrificio: construir un país lo suficientemente serio como para que la cuestión Malvinas deje de ser una herida abierta y se vuelva, con el tiempo, un problema gestionable. Los veteranos no murieron para que sus compatriotas firmaran un condominio funcional. Murieron para que su país fuera digno de las islas que reclama.

Esa es la diferencia entre la propuesta de Diego y una alternativa minarquista. La primera ofrece banderas; la segunda exige instituciones. La primera promete un horizonte de cinco años; la segunda admite que el camino es más largo. La primera reduce el problema a ingeniería constitucional; la segunda lo entiende como reconstrucción nacional. Y solo la segunda, paradójicamente, tiene posibilidades reales de éxito.

VII. Conclusión: el mérito y el límite

La propuesta de Alejandro Diego tiene el mérito doble de romper un tabú y poner sobre la mesa un diagnóstico que la dirigencia argentina rehuyó durante casi dos siglos. Que esa ruptura provenga de un excombatiente —es decir, de alguien con autoridad moral inapelable sobre el tema— le da un peso que ninguna propuesta técnica equivalente tendría. Por eso debe leerse con respeto y discutirse con rigor, no descartarse con sarcasmo.

Pero el diagnóstico correcto puede convivir con un diseño equivocado, y ese es el caso. La soberanía compartida, la coadministración burocrática, la integración al Mercosur y el plazo voluntarista de cinco años configuran una arquitectura que la experiencia histórica desaconseja y que los principios del Estado limitado rechazan. No por purismo doctrinario, sino por algo más simple: porque no funciona.

La alternativa no es la nostalgia maximalista ni la resignación al statu quo. Es la senda larga y exigente que comienza en la reforma institucional doméstica y termina, eventualmente, en una mesa donde Argentina llegue con algo más que un reclamo: con una oferta. Esa senda no honra a los veteranos con un cronograma forzado, pero los honra con algo más valioso: la construcción del país que justifica el sacrificio que ellos hicieron.

Diego dijo, con razón, que en 193 años de buscar el todo no obtuvimos nada. La conclusión correcta de esa frase no es bajar la ambición. Es cambiar el método.

Este ensayo se construyó a partir de información publicada por Infobae (16 de mayo de 2026), Buenos Aires Times, Canal 26, Minuto Fueguino y Arroyo Diario, contrastando las distintas coberturas de la exposición de Alejandro Diego en la 44ª Falklands/Malvinas Conflict Conference de la Universidad de Manchester (17 de abril de 2026).