La voz de una maestra en relación a la ESI

Desde que tenemos memoria y razón, existieron y existen en las escuelas casos de abuso y violencia infantil. No me refiero únicamente a aquellos casos que ocurren en la escuela misma, sino en el entorno escolar y familiar.

Yo, maestra de primaria, recibí y fui testigo de niños que asistieron  a la escuela golpeados, que no querían volver a sus casas, que odiaban las vacaciones y los fines de semana y donde tenían como lugar seguro la escuela. La escuela debería ser ese lugar seguro. La escuela debería estar altamente informada y capacitada en cómo actuar en situaciones en las que los niños estén en peligro. 

En casi todos los casos que me tocó ser partícipe de la situación, la escuela no sabía exactamente cuál era el protocolo ni tenía muy en claro lo que tenían que hacer, incluyéndome. Ni los directivos, ni el equipo de orientación, ni otros docentes…nadie sabía bien qué hacer y mientras “consultaban en supervisión” los días pasaban y las situaciones quedaban desdibujadas en la confusión. 

Entre el 2019 y el 2020 el Ministerio Público Tutelar (Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) elaboró el documento “El rol de la escuela en el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” en donde, a partir de un trabajo de investigación, se informa acerca de la importancia de las instituciones educativas dentro del Sistema de Protección Integral. Ese documento nunca lo leímos o trabajamos en las jornadas de capacitación. Pasamos horas hablando, debatiendo y planificando sobre la ESI cuando la misma escuela no sabe cómo actuar.

Uno de los casos que me movilizó ocurrió hace relativamente poco. Perfil: alumno nuevo en la institución, problemas de conducta y de autoestima, necesidad afectiva, dificultad para relacionarse con el entorno, agresividad física y verbal. Indagando un poco más y comenzando a conocer al alumno, detecté signos de abuso intrafamiliar. Fue allí donde, totalmente desinformada (y sin siquiera saberlo), acudí al equipo de orientación y a la dirección escolar pensando que allí iba a encontrar respuestas. Silencio. Caras de horror. Muchas preguntas pero pocas respuestas. Comencé a investigar por mi cuenta, porque mi único objetivo era ayudar a ese niño, y descubrí el papel esencial que la escuela tiene en la promoción y protección integral de los derechos de los niños y que debe actuar como un agente clave en la detección de conductas que vulneran sus derechos, así como en la identificación temprana de abusos y maltratos. Leyendo el documento antes citado y otras fuentes de información, me di cuenta de que nunca, en mi historia escolar, en todas las escuelas en las que trabajé, nos habían capacitado en relación a esto. Intrigada y preocupada por la situación, hice una especie de relevamiento entre maestros y, tal como creía, los resultados fueron los siguientes: 

• De los 102 encuestados, el 42% tuvo casos o sospechas de abuso sexual infantil.

• El 67% de esos casos, esperaban que la escuela hiciera la denuncia. El 7% no estaba seguro de qué pasaría luego de elevarlo.

• En la mayoría de las respuestas, la escuela hizo la denuncia. En los casos en los que no se hizo fue por “dudas sobre el hecho” o complicidad con el alumno.

• En los casos en los que se identifique una situación y la escuela no quiera hacer la denuncia el 40% respondió que la haría por su cuenta pero que no tiene muy en claro el cómo, el 21% conoce cómo hacerla, otro 21% cree que su deber es sólo comunicar a las autoridades escolares sin importar lo que suceda después, un 11% tiene miedo de que aparezca su nombre en la denuncia y la familia lo identifique, y una porción más pequeña cree que no puede hacerlo (que sólo la escuela puede).

• Casi un 40% desconoce que las denuncias se pueden realizar de forma anónima.

• En relación a la participación del equipo de orientación escolar, un 40% respondió que fue media, un 30% que fue alta y un 30% que fue baja.

• El 60% de los docentes encuestados manifiesta no estar seguro de saber identificar casos de abuso sexual infantil.

• El 34% conoce la existencia del protocolo de actuación pero no sabe bien cómo funciona, un 29% afirma conocerla, un 26% expresa que más o menos y un 11% desconocía completamente su existencia.

• Respecto a la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establece el deber de comunicar casos de vulnerabilidad de los derechos, el 38% la conoce pero sin mucha profundización, el 22% afirma conocerla pero haberla leído por su cuenta, otro 22% responde que desconocía su existencia y un 19% expresa haberla leído en la escuela.

• Un 38% cree que si no denuncia un caso o sospecha puede tener consecuencias legales.

• Un 29% responde que no es necesario tener pruebas para hacer la denuncia.

• Un 27% cree que sí debe tener pruebas certeras para efectuar la denuncia.

• Un 9% piensa que si no tiene pruebas al hacer la denuncia puede tener problemas legales o ser sancionado.

• En relación a las capacitaciones docentes acerca de abuso sexual infantil en las escuelas, las respuestas fueron: 76% no tuvieron, 15% tuvieron y 9% se habló el tema por arriba.

• El 38% afirma que en la escuela donde trabaja no los capacitan en ESI pero les facilitan los documentos del Gobierno; el 21% expresa que sí los capacitan y que la aplican sistemáticamente; el 20% dice que en la escuela no los capacitan ni les otorgan material y que queda a criterio de cada docente; el 17% responde que los capacitan en ESI pero que hacen encuentros específicos con los alumnos algunos días al año; el 4% considera que para su escuela la ESI no es relevante.

Si bien estos resultados no me sorprendieron, no deja de preocuparme lo poco preparados que estamos para afrontar estas situaciones cumpliendo un rol tan crucial en el proceso. No solo no sabemos la importancia y la responsabilidad que tenemos en el cuidado y protección de los niños, sino que tampoco sabemos cómo cuidarnos a nosotros mismos y qué repercusiones podemos llegar a enfrentar.

La falta de capacitación y de protocolos claros en las escuelas pone en riesgo no sólo a los niños, sino también a los docentes y al personal escolar, que no posee las herramientas necesarias para actuar correctamente. Es imprescindible que las instituciones educativas no sólo proporcionen un entorno seguro para los estudiantes, sino que también capaciten adecuadamente a todo el personal en la identificación y manejo de situaciones de abuso y violencia. Hace poco me contaron que en una capacitación escolar les informaron a los docentes que iban a colocar carteles informativos en las paredes de la escuela para que, ante la necesidad, puedan acceder a un sitio y conocer los pasos a seguir. Esa fue toda la información que se dio en la jornada. No se leyó el contenido del sitio, no se analizaron los pasos a seguir, no se compartió información sobre las leyes y protocolos, ni sobre los riesgos a los cuales nos enfrentamos. De 8 horas de jornada, se dedicaron, como  mucho, 15 minutos. Es necesario que se implementen programas de formación continua sobre protección infantil y que se promueva la lectura y discusión de documentos clave, como el elaborado por el Ministerio Público Tutelar. Sólo a través de una educación integral y de calidad podemos asegurar que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean efectivamente protegidos y que los docentes y otros profesionales sepan cómo actuar ante situaciones de riesgo.

Además, la implementación de protocolos claros y accesibles es fundamental para que todas las partes involucradas sepan cuáles son sus responsabilidades y cómo proceder ante cualquier indicio de abuso o maltrato. La colaboración entre docentes, directivos, equipos de orientación y las autoridades pertinentes es esencial para crear una red de apoyo sólida y efectiva. Tanto los maestros como los directivos y el equipo de orientación tienen que estar preparados y formados en el tema.