El siglo de kissinger

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El siglo de Kissinger

Cuando Estados Unidos ayuda, conviene preguntarse por qué

Henry Kissinger murió el 29 de noviembre de 2023 en su casa de Kent, Connecticut. Tenía cien años recién cumplidos. En los meses previos había seguido publicando libros, recibiendo jefes de Estado, viajando. En julio de ese año, ya centenario, había viajado a Pekín para reunirse con Xi Jinping. Murió siendo lo que fue casi toda su vida adulta: un hombre consultado, buscado, citado, premiado. Una eminencia gris del establishment estadounidense. Un estadista, como les gusta llamarlos.

Los obituarios en la prensa internacional fueron, en buena medida, reverenciales. Se elogió su inteligencia, su cultura, su dominio del idioma diplomático. Se recordó que había negociado la apertura a China, el fin de Vietnam, los acuerdos de Camp David. Que había recibido el Premio Nobel de la Paz en 1973. Que cinco presidentes estadounidenses —de Nixon a Biden, con escalas en Ford, Reagan y los Bush— lo habían consultado. Todo eso es verdad, y no voy a negarlo.

Pero hay otro Kissinger. Uno que cabe reconstruir con documentos desclasificados en cuatro tandas —2002, 2016, 2017, 2019—, con la bibliografía académica seria, con los archivos que sobrevivieron a su decidido esfuerzo por borrar huellas. Ese otro Kissinger ordenó bombardear en secreto a un país con el que Estados Unidos no estaba en guerra. Ayudó a voltear al presidente democráticamente elegido de Chile. Le dio luz verde a la dictadura argentina para hacer lo que había que hacer "rápido". Y sobre él —el Kissinger real, no el del obituario— quiero escribir.

No por ensañamiento con un muerto. Porque creo, sinceramente, que entender a Kissinger es entender algo sobre cómo funciona la política exterior de Estados Unidos, ayer y hoy. Y porque hay una lección que América Latina todavía no terminó de aprender: cuando Estados Unidos ayuda, conviene preguntarse por qué.

I. De Fürth a Harvard

Heinz Alfred Kissinger nació el 27 de mayo de 1923 en Fürth, Baviera, en una familia judía ortodoxa. Su padre era maestro; su madre venía de una familia acomodada del sur de Alemania. Hasta los diez años, la suya fue una infancia provinciana y relativamente próspera. Después vino el ascenso del nazismo. A su padre le prohibieron enseñar. Al chico lo expulsaron de la escuela. Los ataques de las Juventudes Hitlerianas pasaron a ser parte de la rutina. En 1938, con quince años, Heinz emigró con sus padres y su hermano a Nueva York. Los que no salieron —trece parientes directos suyos— fueron asesinados en el Holocausto.

En Washington Heights, el barrio de Manhattan al que llegaban los judíos alemanes, Heinz se convirtió en Henry, estudió de noche, trabajó en una fábrica de brochas de afeitar y después en contabilidad. En 1943, a los veinte años, lo reclutó el ejército estadounidense. Se nacionalizó durante la instrucción básica y volvió a Europa con la 84ª División de Infantería a combatir contra los nazis que lo habían obligado a huir. Allá se distinguió en inteligencia militar, ganó una Bronze Star persiguiendo oficiales de la Gestapo en pueblos alemanes liberados, y descubrió una vocación: entender cómo se gobiernan los hombres.

La ley GI Bill le pagó Harvard. Se recibió summa cum laude en 1950 con una tesis de licenciatura de cuatrocientas páginas —tan larga que Harvard estableció después un tope oficial a la extensión de esos trabajos—. Siguió ahí para el doctorado, que dedicó a Metternich y Castlereagh, los arquitectos del Congreso de Viena de 1815. De esa tesis hay que retener algo, porque es la clave de todo lo demás. Para Kissinger, el orden internacional posterior a Napoleón era "legítimo" no porque respetara principios morales ni derechos, sino porque los cinco grandes —Gran Bretaña, Francia, Austria, Prusia, Rusia— lo habían aceptado. La opinión pública, la moralidad, los derechos de los pueblos: irrelevantes. Lo que contaba era el equilibrio entre potencias.

Ese fue, desde el principio, su sistema. Lo llamó Realpolitik, un término alemán del siglo XIX que en su boca significó algo muy concreto: la política internacional no es un juicio moral sino un cálculo de poder. Un Estado hace lo que debe para mantener o aumentar su posición; el resto es retórica para el consumo doméstico. Kissinger no inventó esa doctrina: la heredó de Bismarck y Metternich. Pero la aplicó como nadie en el siglo XX, con un poder que ningún académico había tenido antes.

II. Vietnam y Camboya: la guerra secreta

En enero de 1969, Richard Nixon lo nombró asesor de Seguridad Nacional. En 1973 acumuló también el cargo de secretario de Estado. Entre esos dos cargos y hasta la salida de Gerald Ford en enero de 1977, Kissinger fue el funcionario más poderoso de la política exterior estadounidense. La guerra de Vietnam ya llevaba años, era profundamente impopular y el propio Nixon había prometido terminarla. Lo que hizo Kissinger entre 1969 y 1973 es, para mí, el episodio más revelador de toda su carrera. Porque no terminó la guerra: la expandió en secreto.

El 17 de marzo de 1969, con la aprobación de Nixon y la conformidad de Kissinger, los B-52 estadounidenses comenzaron a bombardear Camboya, un país neutral con el que Estados Unidos no estaba en guerra. La operación se llamó, con un humor negro difícil de creer, Menu: los objetivos recibieron los nombres de Breakfast, Lunch, Dinner, Snack, Dessert y Supper. El objetivo declarado era interrumpir las líneas de abastecimiento del Vietcong que pasaban por territorio camboyano. El objetivo real era intimidar al gobierno de Vietnam del Norte en las negociaciones de París.

Hubo dos características que distinguieron a Operación Menu de cualquier otro bombardeo de la guerra. La primera es que fue secreto. El Congreso estadounidense, que según la Constitución es el único órgano habilitado para declarar la guerra, no fue informado. Ni siquiera el Secretario de la Fuerza Aérea ni el jefe del Estado Mayor de la misma Fuerza Aérea sabían que estaba ocurriendo. Se montó un doble sistema de reportes, con mensajes abiertos que simulaban bombardeos en Vietnam del Sur y mensajes cifrados por canales paralelos que dirigían los vuelos reales a Camboya. Cuando en mayo de 1969 el New York Times reveló parte de la operación, Kissinger —que dijo después haber encontrado el nombre Operación Breakfast de mal gusto— ordenó al FBI intervenir los teléfonos de trece miembros de su propio personal para encontrar al filtrador. Sin orden judicial.

La segunda característica es la cifra de muertos. Las estimaciones varían —Kissinger, en un libro de 2003, aceptó una cifra de cincuenta mil civiles camboyanos muertos según el historiador del Pentágono—, pero los cálculos académicos serios ubican el número entre cincuenta mil y medio millón. Se arrojaron sobre Camboya ciento diez mil toneladas de bombas entre 1969 y 1973. Y el efecto geopolítico fue exactamente el opuesto al buscado: el bombardeo desestabilizó al régimen neutral del príncipe Sihanouk, lo hizo caer en un golpe de Estado en 1970, y empujó a miles de campesinos camboyanos a los brazos de los Jemeres Rojos de Pol Pot. Cuatro años después de que se detuvieran los B-52, los Jemeres Rojos tomaron Phnom Penh y perpetraron un genocidio que mató a cerca de dos millones de camboyanos. Kang Kek Iew, uno de los jerarcas del régimen, lo dijo en su propio juicio por crímenes contra la humanidad en 2009: Nixon y Kissinger nos dieron la oportunidad.

En 1973, Kissinger recibió el Premio Nobel de la Paz por haber negociado los acuerdos de París que oficializaron el retiro estadounidense de Vietnam. Su contraparte norvietnamita, Le Duc Tho, lo rechazó diciendo que la paz todavía no se había alcanzado. Dos miembros del comité Nobel renunciaron. Tom Lehrer, humorista musical, dijo la frase que quedó: que después de que le dieran el Nobel a Kissinger, la sátira política había quedado obsoleta.

III. Chile: el golpe al presidente electo

El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales en Chile con el 36,6 por ciento de los votos. Era socialista, médico, fundador del Partido Socialista chileno. Llegaba al poder por vía electoral, con una coalición parlamentaria que incluía socialistas, comunistas, radicales y sectores de la democracia cristiana. Su programa incluía la nacionalización del cobre, reforma agraria y medidas redistributivas. No era un golpista ni un revolucionario armado: era un presidente elegido, que había perdido las tres elecciones anteriores y ganó la cuarta.

Quiero ser claro sobre algo. Desde mi posición, el programa económico de Allende era profundamente equivocado. Las nacionalizaciones masivas, los controles de precios, la expansión del gasto público: todo lo que como minarquista rechazo. Si hubiera sido chileno en 1970, no lo habría votado. Pero el punto no es ese. El punto es que los chilenos sí lo votaron. Y si se equivocaron —yo creo que se equivocaron—, lo correcto en una república es que lo corrijan ellos, por vía electoral, en las elecciones siguientes. No que una potencia extranjera financie su derrocamiento por la fuerza. Esa distinción es el corazón de toda la cuestión.

El 15 de septiembre de 1970, once días después de la elección de Allende y antes incluso de que asumiera el cargo, Nixon dio la orden de derrocarlo. Las notas manuscritas del entonces director de la CIA, Richard Helms, de esa reunión con Nixon, son uno de los documentos más crudos desclasificados del siglo XX. Dicen, entre otras cosas: "una oportunidad en diez, quizás, pero salvar a Chile"; "diez millones de dólares disponibles, más si es necesario"; "hacer gritar a la economía"; "cuarenta y ocho horas para un plan de acción". El 5 de noviembre de 1970, Kissinger le recomendó a Nixon no aceptar una coexistencia pacífica con el gobierno de Allende y propuso dos vías paralelas. La Vía I, a cargo del Departamento de Estado, buscaba impedir la asunción de Allende subvirtiendo el Congreso chileno dentro de los marcos constitucionales. La Vía II era una operación encubierta de la CIA, bajo su supervisión directa, cuyo objetivo explícito era encontrar militares chilenos dispuestos a un golpe.

La frase de Kissinger que retrata todo ya era vieja para entonces. Había sido pronunciada en una reunión del Comité 40 el 27 de junio de 1970, tres meses antes de las elecciones chilenas: "No veo por qué deberíamos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo". La irresponsabilidad del propio pueblo. Lo dijo en serio. Para Kissinger, que los chilenos hubiesen votado mal era razón suficiente para que Estados Unidos corrigiera el resultado.

Siguieron tres años de estrangulamiento económico coordinado —créditos internacionales bloqueados, precio del cobre manipulado, financiamiento abierto al diario El Mercurio, a los camioneros en huelga y a partidos opositores—, hasta que el 11 de septiembre de 1973 el general Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército designado por el propio Allende semanas antes, encabezó el bombardeo de La Moneda. Allende murió ese día en el palacio presidencial. Empezaron diecisiete años de dictadura: más de tres mil muertos y desaparecidos, cuarenta mil detenidos, cientos de miles de exiliados.

Una semana después del golpe, Kissinger le dijo a un asistente del Departamento de Estado, frente a los informes sobre ejecuciones masivas de opositores: "Creo que deberíamos entender nuestra política: por más desagradables que actúen, este gobierno es mejor para nosotros de lo que fue Allende". Tres años más tarde, en junio de 1976, le diría directamente a Pinochet, en una reunión en Santiago: "Queremos ayudarlo, no perjudicarlo". Y la frase quizás más reveladora: "En Estados Unidos, como usted sabe, simpatizamos con lo que usted está tratando de hacer aquí".

IV. Argentina: la autorización en Santiago

Dos días después de aquella reunión con Pinochet, y en el marco de la misma Asamblea General de la OEA en Santiago, el 10 de junio de 1976 Kissinger recibió al canciller argentino, el almirante César Augusto Guzzetti. Habían pasado apenas setenta y seis días del golpe militar del 24 de marzo. La Junta encabezada por Jorge Rafael Videla ya había empezado lo que los propios militares llamaban, sin demasiada metáfora, el Proceso de Reorganización Nacional: desapariciones sistemáticas, centros clandestinos de detención, tortura como método generalizado, vuelos de la muerte. Todo eso ya estaba ocurriendo, y todo eso estaba documentado en los cables de la embajada estadounidense en Buenos Aires, al mando del embajador Robert Hill, que venía alertando al Departamento de Estado.

La transcripción de aquella conversación del 10 de junio está desclasificada desde 2004. Guzzetti le planteó a Kissinger dos problemas: el terrorismo y la economía. Argentina, le dijo, necesitaba comprensión y apoyo. Kissinger respondió con la fórmula que para los militares argentinos fue una luz verde. "Hemos seguido de cerca los acontecimientos en Argentina. Le deseamos lo mejor al nuevo gobierno. Queremos que tenga éxito. Haremos todo lo que podamos para ayudar. Somos conscientes de que atraviesan un período difícil. Son tiempos extraños, cuando las actividades políticas, criminales y terroristas tienden a mezclarse sin una separación clara. Comprendemos que deben establecer autoridad".

Más adelante vino la frase que quedó para la historia, el pasaje que el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense divulgó décadas después como el momento fundacional del apoyo de Washington al terrorismo de Estado argentino. Kissinger le dijo a Guzzetti, textualmente, en el inglés del memorándum: "If there are things that have to be done, you should do them quickly. But you must get back quickly to normal procedures". En castellano: "Si hay cosas que tienen que hacerse, tienen que hacerlo rápido. Pero deben volver rápidamente a los procedimientos normales".

Cualquiera que haya leído un solo párrafo sobre lo que estaba pasando en Argentina en junio de 1976 entiende lo que significaba "las cosas que tienen que hacerse" en boca del canciller de una dictadura. Y cualquiera que sepa un poco de diplomacia entiende lo que significaba la respuesta del secretario de Estado de la potencia más poderosa del mundo: luz verde. Guzzetti volvió a Buenos Aires entusiasmado. Le transmitió a Videla y al gabinete que la impresión en Washington era que el problema no eran los derechos humanos. El embajador Hill, cuando se enteró, montó en cólera: llevaba semanas pidiendo a sus superiores que presionaran a la Junta, y ahora su propio secretario de Estado había dicho lo contrario por encima suyo.

Hubo una segunda reunión, el 7 de octubre de 1976 en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Guzzetti le dijo a Kissinger que las organizaciones guerrilleras habían sido desmanteladas y que para fin de año el problema estaría resuelto. Kissinger volvió a respaldarlo con otra frase igual de explícita: "Miren, nuestra actitud básica es que nos gustaría que tuvieran éxito. Tengo la visión anticuada de que a los amigos hay que apoyarlos. Lo que no se entiende en Estados Unidos es que ustedes están en una guerra civil. Leemos sobre los problemas de derechos humanos, pero no sobre el contexto. Cuanto más rápido tengan éxito, mejor".

A fines de junio de 1976, cuando se enteró de que el área de América Latina del Departamento de Estado había enviado un aviso a la Junta por el aumento de la actividad de los escuadrones de la muerte, Kissinger estalló con un funcionario: "¿Cómo pasó esto? ¿Cuál creen que es mi política? Mejor que tengan cuidado. Quiero saber quién hizo esto, y consideraré trasladarlo".

Dos años después, el 21 de junio de 1978, Kissinger —ya fuera del gobierno, porque había ganado Jimmy Carter— estuvo en el palco del estadio Monumental, junto a Videla, viendo a Argentina golear a Perú seis a cero y avanzar a la final del Mundial. La imagen, la de un viejo secretario de Estado de pie al lado del dictador que le había tomado la palabra al pie de la letra, vale cualquier tesis doctoral sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en el siglo XX.

V. Cóndor: el tejido regional

En la misma reunión del 10 de junio de 1976, Guzzetti le contó a Kissinger que Argentina quería "integrarse con los vecinos... con todos: Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil", para combatir la subversión. Es, según los historiadores que analizaron el memorándum, la primera vez que un funcionario argentino le menciona a Kissinger lo que después se conocería como el Plan Cóndor: la coordinación clandestina entre los aparatos de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur para perseguir, secuestrar, torturar y asesinar opositores en cualquier punto del continente e incluso en Europa.

La respuesta de Kissinger fue alentar a Guzzetti a redoblar los esfuerzos diplomáticos para que la represión fuera entendida afuera. Ni un cuestionamiento. Ni una advertencia. Dos meses después, en agosto de 1976, el subsecretario Harry Shlaudeman le escribió un memorándum a Kissinger titulado "La Tercera Guerra Mundial y América del Sur", advirtiendo sobre los peligros de un bloque de derecha que estuviera conduciendo asesinatos coordinados que podrían "dañar seriamente la reputación internacional" de los países involucrados. Kissinger se enteró. No actuó. En septiembre de 1976, en Washington, un coche bomba asesinó al ex ministro chileno Orlando Letelier, opositor a Pinochet. Había sido un atentado del Cóndor, ejecutado en suelo estadounidense. Previamente, Kissinger había ordenado cancelar un mensaje oficial del Departamento de Estado a Chile advirtiendo contra asesinatos políticos.

Las víctimas del Cóndor se cuentan por miles. Solo en Argentina, la CONADEP documentó en 1984 más de ocho mil setecientos desaparecidos; las estimaciones de organismos de derechos humanos suben ese número a treinta mil. Sumando Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, los muertos y desaparecidos directos del Cóndor y las dictaduras que lo integraron superan los cincuenta mil. Los exiliados, centenares de miles. Las familias afectadas, una porción entera de una generación latinoamericana.

Kissinger nunca fue juzgado por nada de esto. En 2001, un juez federal estadounidense recibió una demanda civil de la familia del general chileno René Schneider, asesinado en 1970 por comandos vinculados a la CIA en una operación que buscaba impedir la asunción de Allende. Jueces de Argentina, Chile, Francia y España enviaron pedidos formales para interrogarlo. El juez Baltasar Garzón, desde España, pidió su detención por Interpol durante una visita a Londres en 2002. Kissinger nunca respondió, nunca declaró, nunca se presentó. Sus abogados sostenían que cualquier pregunta sobre actos realizados "en su capacidad de secretario de Estado" debía dirigirse al Departamento de Estado estadounidense, no a él personalmente. Murió a los cien años sin haber pisado jamás un tribunal.

VI. Lectura minarquista

Hasta acá los hechos, documentados. Ahora la interpretación, que es mía. Kissinger suele ser atacado desde la izquierda con un marco que habla de imperialismo estadounidense, de capitalismo global, de Wall Street y el Pentágono. Ese marco tiene su coherencia interna, pero no es el mío. Yo no creo que el problema de Kissinger sea haber defendido el capitalismo. El problema es otro, y desde una mirada minarquista es incluso peor.

El minarquismo clásico se apoya sobre dos principios simples: el Estado debe ser chico y limitado, y la libertad de elección del individuo —incluyendo la libertad política de elegir a sus gobernantes— es casi sagrada. Lo que hizo Kissinger, sistemáticamente y durante décadas, es violar esos dos principios desde el cargo más poderoso del planeta. Usó el Estado más grande del mundo para manipular a Estados más chicos. Y cuando un pueblo eligió mal según su criterio —Allende en Chile es el caso paradigmático—, organizó el derrocamiento del resultado electoral de ese pueblo.

No me importa que Allende fuera socialista. Me importaría igual si hubiera sido de extrema derecha y Kissinger hubiera financiado un golpe en contra. La cuestión no es el color ideológico del derrocado: la cuestión es que una potencia extranjera no tiene derecho a voltear gobiernos elegidos por su gente. Ese es el principio republicano más básico. Y es, sospechosamente, el que Estados Unidos predica en casa —no en vano su sistema presidencialista fue diseñado en parte como reacción a la monarquía británica— y abandona apenas cruza la frontera.

El doble discurso es lo que más me irrita. Hacia adentro, Estados Unidos se proclama la nación de la libertad, de la república, de los Padres Fundadores, de Madison y Jefferson, de los límites constitucionales al poder. Hacia afuera, hace lo contrario: financia dictadores, bombardea países neutrales, pone y saca presidentes según conveniencia. Y después cuenta la historia como le conviene: en las películas de Hollywood, Estados Unidos siempre aparece salvando al mundo de sí mismo. En los libros de texto, el anticomunismo de los setenta se vuelve "defensa del mundo libre". Allende, en esa versión, era una amenaza. Pinochet, un necesario mal menor. Videla, apenas una nota al pie. Cincuenta mil muertos en Camboya, un daño colateral de una operación justificada.

El problema no es Estados Unidos como país. Es Estados Unidos como Estado gigante que, precisamente por ser gigante, no se contiene en sus fronteras. Un minarquista que denuncia al Estado grande no puede dejar de denunciar al Estado grande cuando opera afuera. Si el Leviatán interno es el peor enemigo de la libertad, el Leviatán que cruza mares y continentes y reconfigura países enteros a su gusto es todavía peor. No hay buena conciencia posible mientras ese doble patrón sobreviva.

VII. Los otros Kissinger

El ensayo podría terminar acá, pero sería un ensayo cómodo. Kissinger murió a los cien años en su cama, sin juicio, con obituarios reverenciales. Es fácil escribir contra un muerto que ya no puede responder. Lo difícil, y lo que creo que hay que hacer, es mirar el presente. Porque la lógica Kissinger no murió con Kissinger. La herencia está más viva que nunca, y tiene otros nombres, otros cargos, otras caras.

Hoy no hay un único secretario de Estado omnipotente. Hay una red de think tanks en Washington —el Council on Foreign Relations, la Brookings, el Atlantic Council, el American Enterprise Institute— donde los ex funcionarios de distintas administraciones redactan los documentos que después se convierten en política pública. Hay asesores que pasan de la Casa Blanca al sector privado y del sector privado al FMI, con la fluidez de quien cambia de oficina en un mismo edificio. Hay consultorías internacionales —la propia Kissinger Associates, fundada por él en 1982 y todavía activa— que cobran a gobiernos y empresas por proveer acceso a los que toman decisiones. El sistema es más difuso que en los setenta, pero la lógica es la misma: Estados Unidos piensa en Estados Unidos, y sus "amigos" son amigos mientras convenga.

América Latina haría bien en recordarlo. Cada vez que un funcionario estadounidense viene a la región a prometer ayuda, créditos, inversiones, acuerdos de libre comercio, apoyo en el FMI, respaldo diplomático, conviene preguntarse qué le ofrecemos a cambio. No porque la ayuda sea siempre mala, sino porque nunca es gratis. A veces lo que se pide a cambio es concreto y visible: votos en la OEA, alineamientos en la ONU, bases militares, acceso a recursos naturales, concesiones mineras. A veces es menos visible: cambios regulatorios en favor de empresas estadounidenses, deuda externa en términos desventajosos, apertura comercial asimétrica. Casi siempre se cobra.

Y la historia, además, la siguen contando ellos. Las plataformas de streaming son estadounidenses. Las agencias de noticias que marcan la agenda global son estadounidenses. Los rankings universitarios, los índices de libertad económica, los estándares internacionales de derechos humanos: todos redactados, o al menos calibrados, desde Washington, Nueva York o Boston. Eso no convierte automáticamente a esos rankings en falsos ni a esos estándares en perversos. Pero sí obliga a leerlos con ojo crítico. Si Estados Unidos te dice quiénes son los buenos y quiénes los malos, vale la pena mirar quién paga la investigación antes de creer la conclusión.

Coda

Un minarquista no es antiestadounidense. Reconozco en la tradición constitucional estadounidense algunas de las páginas más lúcidas sobre límites al poder jamás escritas. Los Federalist Papers, la Carta de Derechos, la separación de poderes, el federalismo: todo eso es patrimonio de quien defienda una república chica y limitada. El problema no está en Madison ni en Jefferson. El problema es que el país que ellos diseñaron como república limitada se volvió, hacia afuera, un imperio con pocos frenos.

Kissinger es el símbolo más nítido de ese quiebre. Un judío refugiado del nazismo —alguien que debería haber entendido como nadie los peligros del Estado grande, ilimitado, arbitrario— terminó diseñando una política exterior basada justamente en esas mismas prácticas, aplicadas a otros. El niño que huyó de Hitler aprobó los bombardeos secretos de Camboya. El académico que estudió a Metternich financió el golpe contra un presidente electo en Chile. El sobreviviente del Holocausto le dijo a un canciller de una dictadura que hiciera rápido lo que había que hacer. Esas tres frases no caben en el mismo hombre si uno cree que la moral y la política pueden separarse. Y cabían, porque Kissinger creía exactamente que se podía.

Murió a los cien años sin un solo día en tribunales. Le sobrevivió la doctrina. Los próximos cien años nos dirán si América Latina aprende, de una vez por todas, a recibir con sobriedad a quienes vienen prometiendo ayuda desde el norte. Si nos ayuda, por algo. Si defiende la libertad, qué bueno. Si no es gratis, mejor saberlo antes que después.

Ignacio Uriel Galetto Rodríguez