El Gobierno denunció una malversación de fondos por USD 341 millones en la entrega de las Becas Progresar

La Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha interpuesto una demanda judicial señalando serias irregularidades en la gestión del programa de becas "Progresar" bajo la administración del presidente Alberto Fernández. Este programa, que contó con un financiamiento internacional de 341 millones de dólares obtenido en noviembre de 2019, aparentemente careció de los controles adecuados, dejando sin claridad el destino final de estos fondos, así como la identidad de los beneficiarios finales, especialmente entre los estudiantes vulnerables de 16 a 17 años.

Las autoridades actuales, junto con La Libertad Avanza y una auditoría de la Sindicatura General de la Nación, citadas en la presentación judicial, resaltan que no se llevó a cabo un seguimiento adecuado sobre la utilización de los fondos, lo que ha llevado a la imposibilidad de determinar si los beneficiarios fueron seleccionados apropiadamente o si existían incompatibilidades que podrían hacer ilegal dicho otorgamiento.

Además, durante la gestión de 2022, se detectaron debilidades significativas en el proceso de otorgamiento de las becas, como la ausencia de un legajo individual por cada becado que abarcara desde su inscripción hasta el otorgamiento de la beca, la falta de documentación que respaldase cada otorgamiento de beca y la ausencia de formularios de inscripción con certificación escolar que verificase la escolaridad de los aplicantes.

La situación escaló a tal punto que, en la auditoría más reciente ordenada por Pettovello a partir del 10 de diciembre de 2023, se observaron fallas en el sistema que debería haber garantizado la trazabilidad de todo el proceso de otorgamiento, así como la falta de un procedimiento de certificación mensual de las instituciones educativas que hubiese permitido confirmar la asistencia de los alumnos becados.

Estas irregularidades han llevado a la presentación de cargos por "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "fraude a la administración pública" contra los presuntos responsables de la gestión anterior. La investigación judicial en curso busca determinar el alcance de estas acusaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas. Este caso destaca la importancia de la supervisión y la transparencia en la gestión de fondos públicos, especialmente cuando están destinados a programas educativos que buscan apoyar a los segmentos más vulnerables de la sociedad.