El escándalo que rodea a Tamara Pettinato y su relación con Alberto Fernández sumó un nuevo capítulo tras revelarse detalles sobre un contrato que la mediática habría tenido con la Presidencia. Según se informó en "Lanata Sin Filtro", Tamara Pettinato fue contratada por el gobierno de Fernández para participar en un proyecto en noviembre de 2022, lo que ha generado nuevas críticas y especulaciones sobre la transparencia de su relación con el entonces presidente.

El “evento político” y la participación de Pettinato

De acuerdo con Cecilia Boufflet, periodista del equipo de Radio Mitre, Tamara Pettinato fue seleccionada para participar en un "mega evento político" organizado por la Secretaría de Comercio. Este evento, que reunió a gremios, sectores industriales e intendentes, se centró en la presentación de una aplicación móvil vinculada al programa de Precios Justos. La tarea de Pettinato fue explicar el funcionamiento de esta app durante una presentación que, curiosamente, no se difundió públicamente y fue eliminada de las redes sociales del Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio.

El costo del contrato y la polémica por su asignación

El contrato en cuestión, gestionado por la productora Genoma, no pasó por un proceso de licitación pública, una decisión que, según explicaron fuentes del gobierno, es habitual en eventos organizados en el Centro Cultural Kirchner (CCK). El presupuesto total de este contrato alcanzó los USD 4.500, de los cuales una parte significativa fue destinada a la participación de Pettinato.

Lo que ha despertado mayor controversia es la sugerencia de que fue la Presidencia de la Nación la que propuso el nombre de Tamara Pettinato para este rol. Este hecho ha añadido otra capa de dudas sobre la naturaleza de su relación con Alberto Fernández y ha alimentado las críticas en torno a la falta de transparencia en la gestión de estos contratos.

Reacciones y consecuencias

El escándalo ha provocado que muchos cuestionen no solo la participación de Pettinato en eventos oficiales, sino también la forma en que estos contratos son asignados y manejados dentro del gobierno. A medida que más detalles emergen, la controversia sigue creciendo, sumando presión sobre las figuras involucradas.

Este caso pone de manifiesto las complejidades y posibles irregularidades en la gestión de eventos y contrataciones durante la administración de Alberto Fernández, y cómo estas decisiones pueden repercutir en la opinión pública y en la imagen de los funcionarios y personalidades vinculadas a estos episodios.