El campo que financia, el Estado que subsidia: dos Argentinas en un solo país

En Argentina, hay una paradoja que se arrastra desde hace décadas y que ya no sorprende, pero sí indigna: mientras el campo es exprimido con retenciones que ya superaron los 203.000 millones de dólares desde 2002, algunas regiones del país operan bajo un régimen casi de inmunidad fiscal, como si estuvieran en otra nación. El contraste es tan brutal como invisible en el debate público.

El productor que paga todo

El agro argentino —esa palabra tan usada que parece abstracta, pero que en realidad son miles de hombres y mujeres que se levantan a las cinco de la mañana en los pueblos del interior— es el principal motor exportador del país. En 2024, generó más de USD 48.000 millones en exportaciones, representando el 61 % de todo lo que vendió Argentina al mundo. No solo eso: fue el único sector que creció en plena recesión. El sector agropecuario, con el 7–8 % directo del PBI, es uno de los motores reales de la economía. Si se incluye la cadena agroindustrial, logística y servicios asociados, el impacto asciende a casi 1 de cada 5 pesos del producto interno.

Pero esa producción viene cargada de un peso invisible: retenciones del 33 % (en soja) y de hasta 12 % en otros cultivos, más IVA, Ganancias, y una maraña impositiva nacional, provincial y municipal asfixiante. El campo no recibe subsidios. No pide favores. Solo pide que lo dejen producir.

Aun así, se le exige cada vez más. Y lo que es peor: no hay una trazabilidad clara sobre a dónde va ese dinero. ¿Hospitales rurales? ¿Caminos? ¿Escuelas en pueblos agrícolas? Nada de eso. En muchas zonas productivas, el Estado está ausente salvo para cobrar.

La otra Argentina: sin impuestos, con subsidios

A 3.000 kilómetros del corazón de la Pampa Húmeda, en Tierra del Fuego, rige desde 1972 un régimen fiscal que exime del IVA, Ganancias y derechos de importación a las industrias instaladas allí. Ensamblan principalmente productos electrónicos: celulares, televisores, microondas. Es decir Tierra del Fuego no fabrica tecnología: ensambla productos importados con bajo valor agregado local, amparada en un régimen fiscal ultra beneficioso que implica altos costos para el resto del país y un bajo aporte real a la economía nacional.

El costo fiscal de ese régimen ronda los USD 1.000 millones por año, y su aporte al PBI es menor al 0,5 %. Su producción depende de insumos importados. Lo que hacen, básicamente, es ensamblar. No hay divisas netas, sino subsidios disfrazados.

Las zonas francas del resto del país —La Plata, Mendoza, Misiones, etc.— siguen un modelo parecido: exenciones, baja producción local y un efecto económico modesto.

¿Qué lógica sostiene esta asimetría?

¿Por qué se castiga al sector más competitivo y se protege a los menos eficientes? ¿Por qué se grava al que genera dólares y se subsidia al que los gasta? ¿Por qué el Estado exige esfuerzos al campo sin rendir cuentas, pero otorga beneficios sin exigir resultados?. Raro...

No se trata de fomentar una “grieta productiva”. Nadie propone eliminar los regímenes de promoción sin más. Pero sí hace falta una discusión seria y adulta sobre prioridades, eficiencia y justicia fiscal.

Un productor con la cabeza en el suelo

El campo está siendo aplastado, literalmente. No por el clima. No por el mercado. Sino por el propio Estado. Una bota de hierro con la leyenda "ESTADO" pisa su cabeza mientras otros sectores caminan en puntas de pie sobre alfombras rojas.

Desde 2002, más de 70.000 productores desaparecieron. Muchos pueblos se vaciaron. Se vendieron tierras. Se perdieron saberes, trabajos, historia. Y mientras tanto, el régimen de Tierra del Fuego se prorrogó una y otra vez, casi sin debate, como si fuera un derecho adquirido.

¿Cómo se revierte esta ecuación?

La solución no es mágica, pero sí urgente:

• Trazabilidad total de los fondos de retenciones.

• Reducción progresiva de esa injusta carga impositiva.

• Fondo de infraestructura rural con destino específico y control ciudadano.

• Transparencia en los regímenes de promoción.

• Evaluación anual de impacto económico real de cada zona exenta.

Nadie plantea desmantelar la industria fueguina. Pero sí es hora de que compita en serio, que exporte valor real, que deje de depender eternamente del subsidio fiscal. No puede sostenerse con los impuestos del que se rompe el lomo 14 horas bajo el sol en un campo de maíz o soja en Santa Fe, en uno de girasol en el sudeste bonaerense o en uno de trigo. Mientras tanto, esos mismos productores hacen malabares para sacar su cosecha por caminos de tierra intransitables, sin conectividad, sin infraestructura, sin apoyo. Para luego salir a rutas destrozadas que cobran diariamente victimas fatales. A esos productores nadie les exonera Ganancias ni IVA: los exprimen y los llaman "privilegiados".

Conclusión

El campo argentino no pide aplausos. Solo pide reglas justas. Hoy, financia un Estado que no solo no lo acompaña, sino que lo asfixia y no le devuelve nada. Mientras tanto, otros sectores operan con blindaje fiscal, sin controles ni exigencias.

Es momento de elegir: o seguimos castigando al que produce y premiando al que no, o damos vuelta la lógica perversa que nos empuja al estancamiento.

La pelota está en la cancha del Estado. Pero el campo ya está en el piso.

Espero que el presidente Javier Milei anuncie medidas concretas y contundentes en la inauguración de la Sociedad Rural Argentina. El campo, el sector más productivo del país, ha sido injustamente castigado durante décadas con retenciones arbitrarias y una asfixiante presión impositiva.

El agro argentino no solo trabaja: sostiene. Genera empleo, produce divisas, motoriza las economías regionales y financia al Estado, sin recibir nada a cambio.

En Argentina, te castigan por producir. Y si sembrás soja, trigo, maíz o girasol, te exprimen. Si exportás, te retienen. Si invertís, te burocratizan.

El campo no pide privilegios: pide reglas claras, impuestos justos y la libertad para crecer con previsibilidad.